El nuevo centro de Informes Turísticos de El Bolsón se prendió fuego este fin de semana. "Sabemos que fue un atentado", aseguró el secretario de Turismo, Bruno Hellriegel. El incendio destruyó más de la mitad de la oficina, ubicada sobre la ruta 40. En tanto, el Gabinete de Criminalística encontró un bidón de agua con combustible en la parte de atrás del edificio.

Hellriegel y el intendente de la localidad, Bruno Pogliano, radicaron este domingo la denuncia e informaron que varios comerciantes de la zona pusieron a disposición de la Justicia los videos de sus cámaras de seguridad.

“Repudio enérgicamente los hechos sucedidos esta madrugada en el Centro de Informes Turísticos de El Bolsón, donde se constató evidencia que indicaría intencionalidad. Pasadas las 3 de la madrugada realicé la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes”, indicó Pogliano a través de sus redes sociales.

Tweet de Bruno Pogliano

Y agregó: “Resulta llamativo que este ataque ocurra en días convulsionados para nuestra ciudad. Por ello pido a la Justicia que investigue, actúe con responsabilidad y celeridad, y pueda esclarecer estos hechos que atentan contra el crecimiento y desarrollo de una ciudad que tiene como motor económico al sector turístico”.

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Los vecinos y las autoridades de El Bolsón viven en permanente alerta desde el 18 de septiembre, cuando un grupo de integrantes de la comunidad mapuche Quemquemtreu irrumpió en dos lotes de la zona de Cuesta del Ternero, a 30 kilómetros de la localidad turística.

Ante la denuncia del ocupante fiscal del terreno, Rolando Rocco, representantes de la Fiscalía Descentralizada se dirigieron en tres oportunidades al lugar para intentar resolver de forma pacífica el conflicto.

“Luego de los infructuosos intentos por arribar a un acuerdo a partir del diálogo, el viernes 24, una autorización judicial permitió a la Fiscalía ingresar al lugar para identificar a cada uno de los ocupantes y notificarlos de que se encontraban cometiendo un delito, que serían imputados por el mismo y que podría habilitarse una nueva vía de diálogo siempre que modificaran su actitud”, indicaron desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Según destaca diario La Nación, algunos ocupantes huyeron para evitar ser identificados, mientras que cuatro hombres fueron imputados por el delito de usurpación y luego recuperaron su libertad.

Si bien el lugar fue restituido el día 24 a su ocupante fiscal durante un operativo del que participó la Policía de Río Negro, esa misma noche, algunos miembros de la comunidad mapuche Quemquemtreu atacaron a cuatro de los agentes policiales que custodiaban el lugar, dañaron dos patrulleros y volvieron a consolidar la ocupación ilegal.

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A partir de esa situación, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) interpuso una medida cautelar y solicitó que se permitiera el ingreso de comida y abrigo a los ocupantes de los terrenos. La petición no fue admitida por el Juez de Garantías al considerar que quienes allí se encuentran lo hacen por propia voluntad y nadie les impide el libre tránsito.

Al mismo tiempo, sobre la propiedad de los lotes, desde el Ministerio Público Fiscal aclararon: “Es fundamental reafirmar que dichas tierras pertenecen al Estado Argentino y desde el año 1981 cuentan con un ocupante fiscal, que las personas que allí se encuentran no están privadas de su libertad y que seis habeas corpus ya fueron rechazados por diversos jueces”.

“Al día de la fecha no hay documento alguno que vincule de manera ancestral esas tierras con la comunidad indígena lof Quemquemtreu. El Estado Argentino sancionó en el año 2006 la Ley 26.160 para formalizar el relevamiento territorial de comunidades indígenas dando ‘respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país’. Esta ley de emergencia -es decir, de carácter transitorio- fue prorrogada en tres oportunidades con vencimiento en el mes de noviembre de este año. En ese marco, en los 15 años de funcionamiento, nada consta acerca de que la lof Quemquemtreu sea propietaria ancestral de esas tierras. Por lo tanto, para el Estado, ese lote no pertenece a ninguna comunidad indígena”, concluyeron.