“Sorprende el defensor al intentar la recusación y buscar repetir un acto procesal que ya se realizó. Ya fue planteado y resuelto, el caso tiene que ir a juicio”, sostuvo el fiscal Daniel Báez durante la audiencia efectuada la mañana del jueves y añadió que “pretenden demorar el caso”.

La audiencia se realizó desde las 8.30 en la sala 2 de los Tribunales ante el planteo de Gabalachis, quien sostiene que debería haberse realizado una audiencia antes de enviar el caso a juicio y por esa razón planteó la nulidad de la resolución. Pero además, como cuestión previa, recusó a la jueza interviniente esgrimiendo “temor de parcialidad” y pidió que intervenga otro magistrado en la causa.

Omar Segundo no estuvo presente en la audiencia ya que, según indicó su defensor, la misma era de carácter técnico y no era requisito la presencia del acusado.

EL CASO

La causa investigó las “amenazas” de Segundo contra el Juez Marcelo Orlando, cuando éste no permitió al empresario pesquero salir de la ciudad, en el marco de la investigación por “estafa” en la venta de la ex Alpesca, en la cual es uno de los acusados y por la cual el juicio comenzará el próximo 22 de Junio.

“Si no me autoriza, le voy a pegar un tiro”, vociferó Segundo en los Tribunales, según la acusación de la Fiscalía, cuando el magistrado le negó una autorización para viajar de Puerto Madryn a Buenos Aires.

La jueza Eizmendi envió a Omar Segundo a juicio oral y público por “atentado a la autoridad” y enfrenta una pena de hasta 1 año de prisión en caso de ser encontrado culpable. Ahora, tras los planteos de la defensa, dará a conocer su resolución dentro de los tres días hábiles, es decir, el próximo martes.

MIQUELARENA

El caso ya tuvo un dictamen del procurador general de Chubut, Jorge Miquelarena. “Coincido con la opinión vertida por el Fiscal actuante, en el sentido de que existen razones políticas criminales serias para continuar ejerciendo la acción penal pública, procurando el juicio y sanción del acusado, toda vez que el hecho imputado –amenazas agravadas con el propósito de obtener una medida o concesión de cualquier miembro de los poderes públicos- en este caso de un juez de la Provincia, atenta no solamente contra la libertad individual del mismo sino también, y de ahí el motivo de la agravante, contra la correcta marcha de la Administración del Estado, en esta caso, la Administración de Justicia”, expresó Miquelarena en su momento.