RAWSON (ADNSUR) - La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia procesó a dos carceleros del Servicio Penitenciario Federal, por haber desoído los pedidos de ayuda de un preso de la Unidad 6 de Rawson, que terminó ahorcándose. Luis Eduardo Müller y Mario Ernesto Elisaincin fueron imputados por abandono de persona seguido de muerte y los embargaron en $ 200.000.
El hecho ocurrió el 24 de abril de 2013, los dos celadores hacían un recorrido de rutina en el pabellón, y aunque sabían que Ernesto Duhalde Fariña amenazaba con quitarse la vida, de manera “deliberada e intencional” omitieron disponer las medidas de seguridad que eran su deber para cuidarlo. El hombre fue hallado en su celda ahorcado con un lazo hecho con material del colchón.
En el pabellón había seis internos más, y los testimonios de tres coincidieron en que Fariña gritaba que se sentía mal y que se iba a ahorcar y el celador le habría contestado: “Moríte, hacé lo que quieras”.
Fariña se comunicaba periódicamente con su familia; le faltaban 8 meses para la libertad condicional. Tenía cuatro sanciones en la Unidad 6. Cumplía una condena de 9 años de prisión por robo con armas, tenencia de armas de fuego y resistencia a la autoridad. Estaba alojado en un pabellón especial, y según confirmaron gritaba “viva voz” sentirse mal y que se ahorcaría. “Estuvo en una situación de desamparo o abandono ya que se encontraba encerrado en la celda de castigo de modo que careció de otra persona que pudiera concurrir en su auxilio más que sus cuidadores”, señalaron en el fallo.
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Los custodios ofrecieron la salida al baño a otros internos pese a que debieron otorgar prioridad a Fariña. “Es inverosímil que en un espacio de no grandes dimensiones (3 metros de ancho por 9 de largo) no fuera escuchado por los imputados”. E incluso si los dichos de Fariña hubiesen sido para llamar la atención, “claramente lo que intentaba era obtener ayuda y una intervención oportuna hubiera impedido el desenlace”, interpretó la sentencia de la Cámara comodorense publicada por Diario Jornada.
La Cámara concluyó que el personal “minimizó sus expresiones”, no brindó la asistencia que correspondía, como sacarlo del calabozo de castigo y darle intervención al médico o psicólogo, para constatar su estado mental y emocional. “El sólo pedido de auxilio o manifestación de que se sentía mal requirió la intervención urgente de los imputados, encargados directos de la custodia y resguardo de los detenidos”, explicaron.
