El juez Luis Rodríguez procesó sin prisión preventiva a un grupo de ex funcionarios y productores de la Televisión Pública por los delitos de fraude contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Es por el escándalo que se desató por los bolsos con dinero en efectivo retirados de las cuentas del canal, salteándose los controles administrativos.

El hecho sucedió en marzo de este año, cuando se conoció que habían retirado un total de 11.400.000 pesos en efectivo para la realización de “Los amores prohibidos de Belgrano”, una miniserie que se había demorado por la pandemia.

El juez dispuso embargar los bienes de cada uno hasta la cifra de 5 millones de pesos.

Los procesados por Rodríguez fueron: Alejandro De La Torre -Director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales-, Claudio Lamalta —Tesorero—, Guillermo Siaria —Director de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales—, Ernesto Molinero —Gerente de Producción— y Ariel Berliner —Subgerente de Gerencia de Producción de la UNC7- y Adriana Maestri, la proveedora beneficiada por la maniobra.

El juez dijo que “se tiene debidamente acreditada la maniobra defraudatoria desplegada, entre los días 26 de febrero y 8 de marzo del 2021, por los funcionario de Radio y Televisión Argentina SE, (…) quienes, en el contexto de la puesta en marcha de la producción interna ‘Los amores prohibidos de Belgrano’, extrajeron la suma en efectivo de $11.400.000 en concepto de anticipo de gastos de la cuenta bancaria de RTA SE con el objeto de materializar la adquisición discrecional de diversos productos y servicios, desatendiendo la normativa regulatoria sobre el manejo de los fondos involucrados y eludiendo los mecanismos de control internos existentes en la mentada Sociedad del Estado; lo cual redundó en indebidos beneficios para los imputados y hacia terceras personas”.

Dijo que hay “elementos contundentes que dan cuenta el modo en que los encartados se han apartado de los procedimientos que regulan su actividad” para extraer el dinero. “El presupuesto no contaba con la aprobación de las autoridades que correspondían de acuerdo a la normativa que rige en tales casos, y sumado a que los adelantos de dinero se efectuaron mediante el método de ‘anticipo de gastos’ -por lo que su utilización estaría recién justificada con la rendición que ulteriormente se efectuase-, la finalidad de los fondos extraídos resultaba ser absolutamente discrecional en favor de los mismos funcionarios”, escribió.

En septiembre pasado el fiscal Gerardo Pollicita había pedido el procesamiento de los ex funcionarios porque “actuaron haciendo uso abusivo de las funciones que les eran propias por los cargos de funcionarios públicos que ostentaban en la sociedad, con el conocimiento y la voluntad que exige el tipo subjetivo del delito”.

Una vez que estalló el escándalo, Rosario Lufrano, directora de la TV Pública, suspendió la tira y se logró el recupero de 8.089.083 pesos del total extraído de la cuenta bancaria de Radio y Televisión Argentina SE.

En la denuncia original estaba incluida la presidenta del directorio de Radio Televisión Argentina Sociedad del Estado, sin embargo, el fiscal Pollicita luego de la investigación determinó que “todo lo actuado con posterioridad por los imputados escapó del control de los integrantes del Directorio, que lejos estuvieron de autorizar las erogaciones cuestionadas”. Lufrano no fue imputada en la causa.

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