El procurador general adjunto de Chubut, Emilio Porras Hernández, dijo hoy que ya se han dado los primeros pasos en la investigación para determinar responsabilidades en los hechos derivados de la ley de zonificación minera, que van desde los daños a los edificios públicos hasta la presunta compra de voluntades que denunció una diputada el año pasado y ahora se reactivó. Además, dijo que se apunta a determinar las responsabilidades materiales e intelectuales, “para saber si hubo instigación” en la destrucción de la Casa de Gobierno y oficinas de la Procuración, entre otras reparticiones del Estado.

“La comisión se formó el mismo día que sucedieron los hechos, el jueves a última hora cuando tomamos la magnitud de los hechos que estaban ocurriendo, porque excedía la capacidad de un solo fiscal”, relató quien fue designado para encabezar la comisión investigadora.

“Además de trabajar en la reubicación de las oficinas, decidimos conformar la comisión para llevar adelante varias de las líneas de investigación que se abren a partir de los hechos”, detalló. En relación a la “compra de voluntades”, de la que habló Miquelarena en su conferencia de prensa de este lunes, Porras Hernández señaló que “el procurador hace referencia a una denuncia ya existente y a otra información que se sumó en las últimas horas, pero que se agrega a la denuncia que había hecho la diputada Leila Jones. Habrá que profundizar aquella información inicial, más todos los datos que se fueron recolectando en estos últimos días”.

Autores materiales e intelectuales

Sobre las hipótesis que se manejan en torno a la destrucción de edificios públicos, anticipó que ya se han tomado medidas bastante certeras para tratar de identificar quiénes fueron los autores materiales. Después están las líneas de los autores intelectuales, para determinar si hubo instigación desde otros organismos, no sólo para protestar, porque la protesta es legítima, sino incitando a llevar adelante actos que atenten contra los edificios o cualquier persona. La otra línea tiene que ver con la diligencia con la que ha actuado el Ministerio de Seguridad a la hora de prevenir y prever las condiciones de seguridad de la población y de todos los organismos y funcionarios públicos, con motivo de estas manifestaciones”.

En relación a los dichos del gobernador Arcioni, quien dijo que tenía indicios sobre la autoría intelectual de quienes impulsaron los atentados, respondió, en diálogo con Periodismo de 10:

“El discurso oficial del gobernador es lo que disparó esa línea investigativa sobre la autoría intelectual, pero no hemos tenido un aporte directo a la causa. Eventualmente, si tiene alguna otra información estimo que la podrá acercar; mientras tanto, nosotros estamos en condiciones de profundizar la investigación, de oficio, en ese sentido”.

Respecto de la mención del procurador Miquelarena en torno a las empresas de servicios logísticos de la minería, al señalar que también serán objeto de investigación, el procurador adjunto aclaró que hoy la prioridad se vincula con los daños a las reparticiones del Estado, por una razón de hallazgo de pruebas:

“Es una investigación que recién se inicia y nos concentramos hoy en recolectar la información que se pueda perder, que es lo vinculado a los desmanes. Todo lo relacionado al proceso de aprobación de la ley y si en ese camino hubo algún tipo de irregularidad, son hipótesis iniciales que se irán desarrollando con el tiempo”, cerró.

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