CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El reinicio del juicio oral y público por presunto lavado de dinero que tiene como protagonista al empresario detenido Lázaro Báez se postergó para el 1 de julio, a raíz de los distintos problemas técnicos que se suscitaron en la videoconferencia durante la audiencia de prueba.
La última prueba técnica se llevó a cabo el viernes pasado y puso en evidencia que no estaban dadas las condiciones para retomar el debate, dado que tanto algunos abogados defensores como los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 4 experimentaron problemas con el sonido que habrían impedido el buen desarrollo de una audiencia.
"En atención a la nueva fecha de prueba otorgada por la Dirección General de Tecnología (del Consejo de la Magistratura) para el día miércoles 24 de junio del corriente año, a las 14 horas, suspéndase la audiencia de juicio oportunamente dispuesta para ese mismo día y fíjese nueva fecha de reanudación para el día miércoles 1° de julio", escribió el juez Néstor Costabel en la resolución emitida el día de hoy.
El juicio oral se le sigue al detenido empresario Báez, sus hijos y una veintena de procesados por presuntas maniobras de lavado de dinero, calculadas en al menos 50 millones de dólares, a través de su empresa Austral Construcciones, en Santa Cruz, entre 2010 y 2013.
En el marco de la pandemia, el TOF 4 busca retomar el debate que se encuentra en la etapa final, en la que ya se escucharon alegatos acusadores de la fiscalía, y las querellas de la Oficina Anticorrupción, Unidad de Información Financiera y AFIP.
Las audiencias del juicio se harán todos los miércoles durante el mes de julio, a través de la plataforma de videoconferencia "Jitsi Meet" o "aquella que resulte más adecuada·" para cumplir con el distanciamiento social preventivo, dispuso el Tribunal.
En este juicio, además de los Báez, son juzgados su ex abogado Jorge Chueco, su ex contador Daniel Pérez Gadín, el valijero Leonardo Fariña, el empresario Fabián Rossi y el financista Federico Elaskar, entre otros.
Todos están procesados por presunto lavado de dinero, producto de supuestos ilícitos cometidos con la obra pública en Santa Cruz adjudicada a empresas del grupo Báez, según la acusación.