RAWSON (ADNSUR / EL ANÁLISIS DE LA NOTICIA) - La jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, estaría a punto de “zafar” de un segundo jury en su contra, cuando esta semana el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia resuelva sobre su situación por la grave denuncia que pesa en su contra por la supuesta difusión ante sus alumnos de la Facultad de Derecho sobre datos reservados de una causa de abuso sexual.

De acuerdo a la información que circula en los ámbitos judiciales de la capital provincial, los integrantes del tribunal ya tendrían resuelto por 4 votos a 1 dejar archivado este segundo jury, por considerar que al tratarse de una denuncia del año 2013, prescribieron los plazos.

Tres años atrás, el Consejo de la Magistratura del Chubut resolvió avanzar en un segundo pedido de jury a Suárez por incumplimiento de los deberes de funcionaria público al difundir datos de una causa reservada.

Lo extraño en aquel entonces, es que el jury se pidió sobre alguien que ya estaba destituida, por haberse demostrado en un juicio que su trabajo como jueza era insatisfactorio por el reiterado apartamiento de la doctrina judicial sentada por el STJ con claro perjuicio al servicio de justicia, por asumir actividades procesales que evidenciaban una confusión de roles, y por mostrar confusión conceptual entre evidencia y prueba.

LA JUSTICIA LE DIO LA RAZÓN A SUÁREZ

Como la destitución no estaba firme, dado que la jueza apeló lo resuelto por el Tribunal, se inició un segundo proceso de jury, y se determinó que los plazos quedaban “suspendidos” hasta que quedara zanjada la primera causa.

Tiempo después, Suárez logró que la justicia le diera la razón y que se la restituyera en su cargo, lo que quedó firme de manera definitiva en septiembre pasado.

Según trascendió la última semana, la nueva conformación del Tribunal de Enjuiciamiento que ahora integran el ministro del STJ, Mario Vivas como presidente, los diputados José María Grazzini (FPV) y Roddy Ingram (Chusoto), y los abogados Marcelo Bahamonde y Federico Arnoldi, se abocó a analizar el tema y tendría prácticamente resuelto en votación dividida que quede archivado el segundo pedido de jury a Suárez, por considerar que ya pasó un tiempo superior a los 6 meses y los plazos están vencidos.

LA DENUNCIA

La denuncia data de comienzos de 2013, cuando Mariel Suárez era jueza y también docente de Ciencias Jurídicas en la sede Comodoro Rivadavia, y fue acusada de haber dejado en la fotocopiadora del Centro de Estudiantes, al alcance de todos los alumnos, un expediente con nombres, fotos, direcciones, teléfonos y hasta informes psicológicos de un caso ocurrido en la ciudad petrolera.

La acusación concreta fue haber facilitado a la fotocopiadora a la que tiene acceso todo el personal de la facultad y el alumnado, documentación sensible acerca de un caso de abuso sexual que ella misma había juzgado, con la idea de darles a los alumnos detalles de un proceso judicial real para que analizaran.

El material de estudio a disposición de los cursantes incluía fotos de la mujer abusada, del presunto victimario, copias de sus DNI con nombres y apellidos sin tachar, informes psicológicos y del Servicio de Asistencia a la Víctima, pruebas de ADN y hasta direcciones y teléfonos. Y en aquel entonces, fueron los propios alumnos quienes le avisaron al Ministerio Público Fiscal el material privado que tenían para estudiar.

ARGUMENTOS

Como Suárez estaba destituida en diciembre de 2013, la conformación anterior del Tribunal de Enjuiciamiento resolvió suspender el proceso contra Suárez por el caso de la fotocopiadora “a la resultas de los que se resuelva en definitiva, respecto a la destitución” que en esos momentos estaba en discusión respecto al primer jury.

La discusión del primero de los casos quedó firme el pasado mes de septiembre, por lo que hay quienes creen que lo correcto sería que el Tribunal de Enjuiciamiento dicte el levantamiento de la suspensión y prosiga con el segundo jury, que se había “frenado” en su momento porque Suárez no podía defenderse al mismo tiempo de ambas imputaciones.

PRESCRIPCIÓN

Pero al parecer, la mayoría de los integrantes del nuevo tribunal creen que correspondería aplicar el artículo 52 de la ley V N° 80, por haberse vencido el plazo de 6 meses de duración desde el inicio del proceso.

Incluso se comenta que hubo acaloradas discusiones entre sus 5 miembros y el secretario, porque el planteo de la proscripción lo resolvería el mismo tribunal constitucional sin que siquiera lo haya planteado la defensa de Suárez.

Dentro de los integrantes hay posturas en minoría que consideran que de resolver así, el tribunal estaría desconociendo lo dictado en el ejercicio de sus funciones por la conformación del tribunal anterior, ya que por más que haya cambiado de miembros sigue siendo el mismo órgano, y estaría de esta manera incurriendo en grave violación a la ley y al debido proceso legal, y desconociendo sus propios actos anteriores “teoría de los actos propios”.

La polémica está instalada y la resolución se conocería esta misma semana. Pero en Rawson se comenta que Suárez estaría muy cerca de evitar un segundo juicio político en su contra.

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