El gobernador Mariano Arcioni envió la semana pasada a la Legislatura tres pliegos con los nombres para cubrir vacantes en el Superior Tribunal de Justicia (STJ), con la propuesta de tres nombres: Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos.

Sin embargo, desde distintos sectores cuestionaron que procedimiento que se siguió sería irregular, porque no está acorde a lo que marca la legislación vigente. Entre ellos, el planteado por el Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer​.

La abogada Alejandra Tolosa, integrante del comité, cuestionó en diálogo con Periodismo de 10 la  designación elevada por el Ejecutivo Provincial  atento a que viola  abiertamente una ley provincial 152 que se sancionó hace 4 años y que está vigente.

 Es que según explicó esta ley "prevé un procedimiento transparente de participación de organizaciones, que la sociedad conozca quienes son las personas postuladas y también tiene un periodo en la Legislatura para formular preguntas". Por lo que antes de la postulación, el gobernador tiene que anunciar las personas con su currículum y demás, pero  en este caso "no se cumplió en absoluto"

"Yo creo que debería retirar las postulaciones si quiere cumplir con la ley y presentarlas siguiendo lo que dice la ley", aseguró la letrada, quien además indicó que la designación del Ejecutivo Provincial no respeta tampoco la paridad de género. 

Finalmente, Tolosa afirmó que detrás de este proceso de designación hay un "acuerdo político entre algunos y absolutamente nada más", dijo tras señalar que se está evaluando avanzar en un "amparo" porque "se están vulnerando derechos constitucionales y el estado de derecho".