ESQUEL - La fiscal María Bottini hizo referencia a la escala penal disponible y fundamentó su decisión de solicitar una pena de 5 años de prisión por considerar que es la que más se ajusta a la responsabilidad acreditada en el debate. Por la cantidad de hechos y sus calificaciones jurídicas, la escala disponible parte de 3 años y se extiende hasta 38. Valoró la pluralidad de hechos, la cantidad de bienes jurídicos afectados y se adentró en las características de la violencia de género, su prolongación en el tiempo, el acrecentamiento de la vulnerabilidad y las dificultades que tuvo la víctima para denunciar.

Como atenuantes consideró la falta de antecedentes penales del imputado y su comportamiento social.

NO A LAS CÁRCELES Y COMISARÍAS

El defensor particular, Horacio Hernández, sostuvo que si fue un hito el hecho más grave por el que la víctima realizó la denuncia, fue otro hito importante el día en que su defendido recuperó la libertad luego de haber cumplido prisión preventiva. A partir de ese momento no volvió a intentar acercarse a la víctima. Según el defensor, entendió que debía cambiar su actitud.

“No estamos hablando de un delincuente, aunque tengamos quince hechos consumados. Parece una contradicción pero no lo es”, resaltó el defensor. Luego explicó que el imputado pensaba que estaba justificado para actuar como lo hacía, que estuvo afectado por un trastorno de la personalidad caracterizado por dependencia emocional respecto de la víctima, que lo llevó a cometer estos hechos.

Luego de exponer sus argumentos, el letrado resaltó que no hay cárceles en la jurisdicción, para la realización de un tratamiento psicológico. Insistió en que encerrarlo en una comisaría solo logrará que al salir esté peor que cuando entró. Planteó que es el sostén de sus hijos y que lo necesitan y concluyó requiriendo la imposición de una pena de tres años de prisión de ejecución condicional.

SÓLO UNA PROHIBICIÓN DE  ACERCAMIENTO HASTA LA CONDENA

La juez, Anabel Rodríguez, hará pública su sentencia el próximo lunes a las 12:45 horas.

Finalizado el debate y en cumplimiento de la Instrucción de la Procuración General que así lo indica, la fiscal solicitó la imposición de una medida de prisión preventiva. Bottini consideró que, ante la amenaza palpable de pena, es previsible que el imputado intente fugarse. Fundamentó esta conclusión haciendo referencia a la conducta que tuvo a lo largo del proceso y la necesidad de velar por el cumplimiento de la sentencia y por la seguridad de la víctima.

El defensor se opuso, cuestionó el momento procesal en que se realizó el pedido y resaltó que no hay motivos para requerir una medida de este tipo siendo que su defendido cuenta con fuerte arraigo.

Rodríguez, no hizo lugar al pedido, entendió que no hay elementos para considerar la existencia de riesgo de fuga. Para esto valoró el monto de pena solicitado, el arraigo y el carácter excepcional de la prisión preventiva.  La magistrada decidió extender la prohibición de acercamiento y contacto por cualquier vía a la víctima, en principio hasta el día de la lectura de sentencia, momento en el que podrían reeditarse las peticiones en tal sentido.

Fuente: El Chubut

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