CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, aseguró este martes que para ese organismo la vinculación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y Cristina Fernández "está acreditada", más allá de los audios sobre supuestas conversaciones entre el detenido empresario y su ex abogada Elizabeth Gasaro.

"La OA viene sosteniendo en todas las causas (Ruta del Dinero K y Obra Pública) que Lázaro Báez es testaferro de Néstor y Cristina Kirchner", dijo Alonso en diálogo con Télam. 

Agregó que "la información que circula no aporta nada nuevo" a la actuación de la OA, que "está plasmada en los expedientes judiciales" y en lo que vienen "sosteniendo en los juicios".

Este lunes trascendieron audios en los que se detectó una conversación entre Lázaro Báez, desde el penal de Ezeiza, y su entonces abogada, Elizabeth Gasaro.

El empresario santacruceño está detenido en la cárcel de Ezeiza con prisión preventiva en un caso de lavado de dinero, y procesado además en el juicio por corrupción en el que se investigan posibles irregularidades en contratos de infraestructura estatal que lo beneficiaron, un proceso en el que también está imputada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En diálogo con Gasaro, Báez, sospechado de ser el testaferro de los Kirchner, habría dicho: “Todo lo que tuve es de una sola persona, que está arriba, y me lo dio para que lo administre, y no lo supe administrar quizás en la forma adecuada que él quiso que lo administrara”.

En ese mismo diálogo, revelado en un programa de la señal de noticias TN, Báez agregó: “Y cometí errores que cometí, y quizás por eso estoy donde estoy. Para tener un acto de reflexión. Y veremos si él me da una oportunidad distinta para no cometer los mismos errores”.

La escucha formaría parte del paquete de audios que se registraron en la cárcel, pero para incorporar esta escucha como prueba judicial deberá certificarse que la grabación se hizo con orden judicial y que es real.

Báez está preso desde hace más de tres años acusado de lavar 60 millones de dólares provenientes de contratos fraudulentos de obra pública en el marco de la causa conocida como "la ruta del dinero K", a cargo del juez federal Sebastián Casanello.

El empresario también está siendo juzgado junto con la ex mandataria en la causa denominada Vialidad Nacional, actualmente con juicio oral, acusado de integrar una asociación ilícita de la que se benefició con el direccionamiento de las licitaciones de obras públicas de la provincia de Santa Cruz.