El acuerdo de conciliación recientemente alcanzado por el presiente Alberto Fernández, que accedió al pago de $1.600.000 como forma de sanción por la fiesta de Olivos durante la plena vigencia de la cuarentena que él mismo había dispuesto durante la pandemia del Covid 19, en el año 2020, reavivó la polémica por este mecanismo.

Tal como informó esta agencia, las conciliaciones por vulnerar las medidas de restricción ya se habían comenzado a aplicar en la justicia federal de Comodoro Rivadavia. Las actuaciones judiciales se habían iniciado por vulneración al artículo 205 del Código Penal de la Nación, que textualmente establece:

“Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Circular sin los justificativos laborales pertinentes, realizar reuniones sociales cuando estaba prohibido, fiestas clandestinas, etc, quedaban bajo ese paraguas de sanción.

 Sin embargo, en muchos casos se aplicó el mecanismo de conciliación, previsto por el Código Procesal Penal de la Nación, como forma alternativa de resolución, evitando el proceso judicial y la posible condena para quienes incurrieron en esas conductas.

Más de mil acuerdos cerrados y 500 vehículos restituidos

El titular de la Defensoría Pública de la justicia federal en Comodoro Rivadavia, Fernando Wiernes, precisó en contacto con ADNSUR que en esta jurisdicción se cerraron algo más de 1.000 acuerdos de conciliación con personas que habían vulnerado la cuarentena durante el año 2020, mientras que un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que las causas que quedaron pendientes sean tramitadas en los tribunales ordinarios de cada provincia.

Los acuerdos conciliatorios, en los que la persona imputada aceptaba pagar una suma de dinero que en todos los casos se destinaron a instituciones de bien público, comenzaron en los primeros acuerdos en torno a los $.4000 pesos, para elevarse luego hasta los $8.000 y alcanzar valores máximos de $25.000, según la gravedad y alcance de la infracción.

A cambio, el imputado no era sometido al proceso penal y evitaba así que, en caso de una eventual condena, quedara el registro en los antecedentes penales de la persona involucrada.

Según precisó el defensor oficial, el total de los acuerdos alcanzó una cifra de $ 4.438.357, mientras que en las causas iniciadas también se tramitó lo inherente al secuestro de vehículos. “Nosotros logramos la restitución de la mayor parte de los vehículos secuestrados –explicó-, incluso en un solo fin de semana se liberaron más de 300, pero después se continuó y la cifra pudo haber llegado hasta los 500. Los vehículos que quedaron secuestrados fue porque los conductores no pudieron comprobar la titularidad, porque los habían comprado y nunca hicieron la transferencia, o ni siquiera tenían un formulario 08 firmado, porque incluso con esa documentación la jueza había aceptado liberarlos”.

Wiernes explicó además que si bien quedaron todavía procesos abiertos, o incluso algunos particulares que incumplieron el acuerdo conciliatorio alcanzado, los expedientes debieron remitirse hacia la justicia provincial.

Esto se dio así por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dispuso que todas las causas vinculadas al tema COVID, deberán tramitarse en los tribunales ordinarios de cada jurisdicción, por lo que la justicia federal debió concretar ese traspaso.  

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