COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La jueza Gladys Olavarría dijo en diálogo exclusivo con ADNSUR que su resolución de suspender temporalmente las salidas transitorias de Miguel Aparicio, quien cumple una condena de 11 años de prisión por abuso sexual agravado en 4 hechos, fue para garantizar la integridad física del interno, a raíz de manifestaciones en su contra conocidas a través de redes sociales. Por otro lado, defendió su decisión de permitirle salir para estudiar en base a informes psicológicos “positivos” sobre su resocialización, al tiempo que dijo que la Facultad de Derecho es la que tiene jurisdicción para permitir o no el ingreso del polémico estudiante.

“El decano (Juan Manuel) Irusta parece desconocer la resolución 77/18 de la propia facultad de Derecho, que el año pasado aprobó la posibilidad de que los internos cumpliendo pena puedan estudiar Derecho. No es una facultad mía autorizarlo o no, sino que ellos mismos lo hicieron, pero además yo no tengo potestad como juez provincial para interferir en una jurisidicción nacional como es la Universidad”, indicó la magistrada.

Olavarría, en su carácter de juez de ejecución de sentencia durante este año, fundamentó su decisión de autorizar las salidas transitorias de Aparicio, de quien señaló que “se está pagando el tratamiento psicológico de su propio bolsillo, porque el Sistema Penitenciario, que debería proveer ese servicio para la resocialización del preso, no  ha garantizado un profesional para  brindarlo, porque en el hospital dijeron que no lo pueden cubrir”.

La juez detalló que además de esa terapia, al momento de autorizar las salidas transitorias tuvo en cuenta 3 informes positivos de distintas áreas que avalan que el interno se encuentra en proceso de resocialización, tras haber sido condenado a 11 años de prisión por abuso sexual agravado, en 4 años hechos con penetración carnal.

“No tengo por qué dudar si los profesionales dicen que está en condiciones de empezar con salidas transitorias, sin vigilancia –aclaró-. Este chico viene cumpliendo con un régimen legal (con más de la pena purgada) y en el que comenzó con salidas para reforzar lazos familiares: de hecho viaja hasta Caleta Olivia sin custodia policial, bajo supervisión familiar y no ha incumplido las normas en ningún momento”.

También cuestionó al decano de Derecho: “el Dr. Irusta no me llamó para preguntarme sobre mi resolución, sino para cuestionarme por qué no lo había notificado para estar presente en la audiencia en la que autoricé las salidas para que pudiera estudiar. La ley a mí no me exige notificar a nadie en particular, además en este proceso no se opuso la fiscalía, que es la parte que podría plantear oposición”.

Por la integridad física del preso

La juez también llamó a reflexionar a la sociedad en general y a los estudiantes de Derecho en particular, al plantear que las personas condenadas por delitos deben tener la oportunidad de resocializarse, como forma de no seguir abonando la inseguridad.

“Me llamó la atención las expresiones en redes sociales y otras manifestaciones, porque la gente que estudia Derecho debe saber que la ley garantiza que los presos condenados tengan la posibilidad de estudiar”, enfatizó.

Ante la temeridad de algunas expresiones vertidas por estudiantes en redes sociales, que llamaban a “matarlo” según pudo leerse en un tuit que circuló en las últimas horas, la juez resolvió dictar ayuer una resolución que suspende las salidas transitorias, “porque no están garantizadas las condiciones para la integridad física del interno.

“Lo hice además teniendo en cuenta lo que pasó en los últimos días, por los hechos ocurridos en especial en la Fracción 14”, manifestó la magistrada, en referencia al linchamiento que terminó con la vida de un hombre cuyo hijo fue señalado –sin pruebas hasta ahora- como el presunto violador de un chico de 12 años.

“Más allá de este caso, debemos pensar qué pasará cuando este chico termine de cumplir su condena, o en un par de años cuando pueda acceder a la libertad condicional y quiera elegir una carrera universitaria, como hizo ahora, que incluso está cursando dos carreras al mismo tiempo. Insisto: hoy es una decisión política de ellos (por la Facultad de Derecho), quienes dictaron la resolución 77 para permitir que los presos puedan estudiar, pero ahora desconocen esa misma decisión en la que participó el doctor Irusta”.