RAWSON (ADNSUR) - En el marco de la causa por presunto fraude al Estado por parte del Ministerio de Familia, denominada "Ñoquis calientes", ADNSUR accedió a detalles exclusivos en el marco de la investigación que desató un escándalo en Chubut. Un dato llamativo es que no menos de seis personas de las designadas en el área de Familia y que cobraban su sueldo todos los meses con rango de directores o directores generales, vivieron estos últimos seis meses en Buenos Aires sin pisar Chubut, y se desconoce qué función cumplían o qué tipo de tarea realizaban. Tal como adelantó esta agencia de noticias, la Justicia investiga además un posible "enriquecimiento ilícito" de la ex ministra Cecilia Torres Otarola. 

La hipótesis de la causa que lleva adelante la justicia apunta a una manera de actuar con un gran número de actores. Hasta aquí han prestado declaración varios ex asesores de la etapa de Cecilia Torres Otarola como diputada provincial, que en todos los casos dijeron haber sido obligados o “coaccionados” a devolver al menos la mitad de lo que cobraban a la legisladora, bajo amenaza de ser despedidos de manera inmediata.

Incluso se menciona el caso de un hombre que estaría dispuesto a declarar en juicio, quien asegura que luego de mantener varias discusiones por este tema, decidió renunciar, y al momento de querer cobrar su último sueldo, se la habría retenido de manera indebida su último cheque de pago, por supuesto pedido a la diputada, hasta que tuvo que mover cielo y tierra para destrabar el depósito.

Un dato llamativo es que no menos de seis personas de las designadas en el área de Familia y que cobraban su sueldo todos los meses con rango de directores o directores generales, vivieron estos últimos seis meses en Buenos Aires sin pisar la provincia del Chubut, y se desconoce qué función cumplían o qué tipo de tarea realizaban.

El caso más llamativo para los investigadores es el de Miguel Reto -quien figura en el decreto como Personal de Gabinete con rango de Director General-, de nacionalidad peruana, nacido en 1985. Residente en Buenos Aires, y con el antecedente comprobado de haber recurrido a una probation por agresiones físicas contra su concubina, lo único que se sabe de este hombre es que su oficio es el de jardinero, y que durante medio año cobró montos aproximados de $ 77 mil pesos mensuales, una cifra total cercana a los $ 344 mil.

Justamente, uno de los datos que la fiscalía pediría que se demuestre en un juicio son las razones por las que este hombre hacía movimientos bancarios a la cuenta de la niñera de Otarola, Silvana Cañumil, como por ejemplo una transferencia por $ 50 mil.

Como ya dijimos, esta niñera figura como Personal de Gabinete con rango de subsecretaria, y de acuerdo a los documentos remitidos por distintos bancos, es titular de dos cuentas que recibieron fondos de personas que trabajan en el ministerio, por montos cercanos al millón y medio de pesos.

La Justicia pretende que todos los que transferían dinero a la niñera de Otarola regularmente todos los meses, expliquen las razones. En realidad, creen que el rol de Cañumil sería el de presunta “cajera” de la ministra, quien recaudaba para una caja personal.

Si bien ese monto asombra está claro que es provisorio y que podría ser mucho mayor, ya que -según los investigadores- aún falta hacer el arqueo de cuánto dinero puede haber ido a parar a esa caja privada de Otarola desde que era diputada, y determinar si el recorrido de la plata no era solamente a través de las cuentas de su niñera, sino también a una cuenta propia o directamente en efectivo.