En el marco del primer Congreso de Narcocriminalidad celebrado bajo la organización de la Fiscalía General de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conscientes de la gravedad e importancia que reviste la problemática del narcotráfico, los Consejos Federales que agrupan a todos los fiscales generales y procuradores generales de las provincias argentinas y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consideran que es indispensable pronunciarse sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas. Entienden que la solución de este problema demanda una reacción urgente, que empiece por decir lo que hay que decir, en particular aquello para lo que mañana podría ser demasiado tarde: es necesaria una férrea y estable política de Estado sobre este tema.

La actual gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal conduce a la impunidad del llamado narcomenudeo o microtráfico, que es el vínculo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico con la comunidad, ya que la Justicia Federal se ha visto imposibilitada de abordar esta clase de delitos. Consideran que esta situación puede revertirse aprovechando la fortaleza de los Ministerios Públicos Fiscales de las provincias para la persecución del Narcomenudeo, atento a la superioridad científica –por los complejos laboratorios de que disponen- y su mejor distribución territorial.

Promueven, considerando la experiencia exitosa en las Provincias que adhirieron a la desfederalización para confrontar el tráfico de drogas de menor envergadura, que esta decisión se adopte en todas las provincias y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, puesto que ello permitiría una eficaz política de persecución penal, que se traduciría en una similar presión en todo el territorio nacional en contra de este fenómeno criminal. Las provincias que han desfederalizado exhiben importantes logros en condenas de los vendedores de drogas, y no se han concentrado en la persecución de consumidores, que son convocados al proceso como testigos y no imputados. Consideramos que es posible que la justicia provincial y la justicia federal ejecuten actividades coordinadas y efectivas, como ocurre en experiencias de otros países como los Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención conjunta más flexibles que el vigente en nuestro ámbito, que pueden ser considerados para revisar el modelo de desfederalización argentino. Finalmente, instamos a las autoridades competentes que provean el aporte económico que la ley establece de manera expresa, que debe asignarse a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización que prevé la ley 26.052, para fortalecer la actividad de las que ya ingresaron a este régimen, y hacer más previsible la situación de las que aún deben incorporarse, para lograr efectos contundentes contra la expansión de la narcocriminalidad.