RAWSON (ADNSUR) - El fiscal Marcos Nápoli solicitó en la audiencia de ayer jueves que las acusaciones contra el exministro Coordinador de Gabinete, Víctor Cisterna; el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani; y el empresario Federico Piccione, sean elevadas a juicio oral y público.

El abogado particular Emilio Galende, que lidera la defensa de Cisterna, pidió el sobreseimiento para su cliente. 

En primer lugar se basó en la existencia de hechos investigados cuando Cisterna ya no era funcionario público, situación que "hacía imposible" que haya cometido esos delitos.  

Galende puntualizó que la investigación "está llena de falencias, muchas veces por falta de recursos de los investigadores. Pero acá estamos hablando de derecho". 

Nápoli sostuvo que "hay evidencias suficientes como para acreditar que Cisterna fue el organizador de los delitos que se investigan, antes de que Correa cumpliera ese rol. El disponía de los montos, quiénes eran los empresarios que debían pagar e incluso quién pasaba a retirar el dinero". 

En la misma línea, afirmó que también existen audios que comprometen al ex funcionario provincial, además de una "abrumadora evidencia".

Por su parte, el abogado defensor Carlos Villada, pidió el sobreseimiento para el exministro de Infraestructura, Alejandro Pagani. Dijo que en la acusación que realizó el Ministerio Público Fiscal "fueron avasallados los derechos del exfuncionario al violarse lo que considera el principio de legalidad"."

Destacó que desde el Ministerio de Infraestructura que dirigía "no se tomaban decisiones referidas a los ilícitos investigados. Cabe recordar que Pagani está imputado de 14 hechos en los que se investiga el pago de dádivas de empresas de la construcción de toda la provincia, para así poder cobrar sus acreencias por obras realizadas al Estado.

Nápoli salió al cruce al ratificar toda la acusación en lo que a Pagani respecta. Señaló que "fue parte innegable del plan criminal diseñado a mediados de la última gestión de Das Neves y recordó la confesión que realizó Diego Luthers al declarar durante el proceso en donde lo señala a Pagani como parte "del acuerdo entre los más altos funcionarios de esa gestión para diseñar el mecanismo de los ilícitos investigados". 

Citó como prueba en este sentido mensajes de textos entre Pagani y otro de los imputados, Pablo Oca, exministro de Economía. También citó a empleados del Ministerio de Infraestructura que hicieron constar en la investigación «los pagos que se hacían por afuera de los mecanismos legales, que hacía que se abonaran dos veces". 

Las órdenes de pago se hacían de acuerdo al «comportamiento de los empresarios», dijo el querellante representante de la Oficina Anticorrupción.

ACUSACION CONTRA ITURRIOZ

Un nuevo escándalo se desató en la causa que investiga el presunto pago de retornos de la obra pública. A la detención del exministro Martín Bortagaray mientras tenía fueros, ahora se sumó el testimonio de un empresario comodorense que denunció presiones del fiscal Héctor Iturrioz para que declare en contra de otros imputados.

 Iturrioz fue apartado de la causa que investiga presuntos retornos de la obra pública para conformar una caja negra de la política como consecuencia del jury de enjuiciamiento en el marco de la detención de Bortagaray cuando tenía fueros como ministro de Familia de Chubut.

"Iturrioz me pidió que declarara en contra de otros imputados", soltó Piccione frente al asombro de todos en la sala de la Oficina Judicial de Rawson.

El empresario comodorense relató que Iturrioz aplicó la misma metodología con el periodista Andrés Ninín, quien fue condenado a una pena sin efectivo cumplimiento en un juicio abreviado acordado entre las partes.

Piccione recordó que el hecho de que Ninín esté libre "fue porque accedió" al pedido de Iturrioz para declarar en contra de otros imputados.

Frente a esto, el fiscal adjunto de la Oficina Anticorrupción, Mario Romeo, indicó que "el juez Piñeda remitió la declaración al Procurador General por un eventual sumario contra Iturrioz".

De todas formas, Romeo enmarcó las expresiones de Piccione "como meras declaraciones de un imputado". 

El fiscal Nápoli defendió enfáticamente a Iturrioz y pidió que Piccione vaya a juicio oral y público.

Por su parte, el defensor de Piccione, Marcos Salt, solicitó el sobreseimiento y cuestionó que el empresario Esteban Torraca no esté sentado como imputado en la causa que investiga el presunto pago de retornos de la obra pública.

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