COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Luego de que la abogada del ex gobernador Martín Buzzi, Valeria Corbacho, pidiera recusar a los fiscales Daniel Báez y Silvia Pereyra -en el marco de la causa que investiga supuesta administración fraudulenta por el otorgamiento de un crédito a Omar "Cura" Segundo, se definió que el  procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, sea quien resuelva dicha situación. Miquelarena remarcó que “para este tipo de audiencias deben darse tres días hábiles previo a la audiencia”. A su vez, cuestionó que “hay algunas personas que creen que presionándome mediáticamente voy a hacer algo que no puedo”. Y aseguró que "yo de ninguna manera le puedo decir a los fiscales cómo actuar". Además, Miquelarena agregó que "es como si el ministro de Salud le dijera al cirujano cómo operar. Parece que algunos no lo entienden”.

Miquelarena sostuvo en La Cien Punto Uno que en el Código Procesal “los fiscales son susceptibles de ser requisados. Cuando es el fiscal jefe como es este caso, quien debe resolver es el superior, que en este caso es la Procuración”.

Foto: Jornadique

Consultado sobre el tiempo que demandará la realización de la audiencia, el procurador informó que “no está previsto en el Código pero uno va a los plazos generales donde para este tipo de audiencia deben darse tres días hábiles previo a la audiencia. Por lo pronto, hay que esperar tres días a partir de la notificación”.

Luego, “hay que realizar una audiencia con la participación de las partes, se escuchan los argumentos y luego se resuelve. Y esa decisión puede ser recurrida ante un juez de garantías si alguno no está de acuerdo con la misma”, detalló.

Además, el procurador general indicó que “me acompañaron el audio pero también se hace la audiencia por si las partes quieren mejorar el planteo. No es imprescindible la audiencia, de modo que si alguna de las partes no concurre, se hace igual”.

Consultado ante los dichos de Buzzi sobre la posibilidad de acudir ir a la Corte Suprema en caso de no lograr un acuerdo, Miquelarena planteó que “tienen la posibilidad de no estar de acuerdo y pueden recurrir a los jueces de grados en la provincia antes de ir a la Corte Suprema porque ése es un paso muy alto”.

Además, Miquelarena remarcó que “hay algunas personas que creen que presionándome mediáticamente voy a hacer algo que no puedo”. Y agregó que “no es como el caso de un gobernador que le puede decir a los ministros qué hacer o qué no hacer. Yo de ninguna manera le puedo decir a los fiscales cómo actuar”.

Y sostuvo que su rol es “dar instrucciones generales” pero “no puedo decirle a un fiscal que hacer o no en un legajo. Salvo que yo me avoque directamente a una causa. Es como si el ministro de Salud le dijera al cirujano cómo operar. Parece que algunos no lo entienden”.