RAWSON (ADNSUR) - En diálogo con el canal de ADNSUR, el Procurador General de la provincia, Jorge Miquelarena, habló de varios asuntos vinculados al funcionamiento del Poder Judicial. Anticipó que la próxima semana se estaría enviando un proyecto de ley a la Legislatura para modificar el Código Procesal Penal y otorgar más plazo para las causas penales que pueden caerse por las demoras generadas en un año tan particular por la pandemia y los paros. Y si bien valoró la idea de que la Justicia logre a futuro  una autarquía financiera, dijo que el modo elegido por el Ejecutivo de enviar un proyecto sin consenso y sin datos de números concretos fue un error.

En la parte más polémica de la nota, habló sobre la gran cantidad de denuncias contra el trabajo de los fiscales ante el Consejo de la Magistratura, que en su gran mayoría son admitidas y que obligan a qué actualmente unos 8 fiscales -de un total de 35- estén siendo investigados, lo que los distrae de su tarea y los pone en una situación incómoda.

Si bien señaló que es positivo que haya controles, dijo que el análisis de las denuncias debería ser más profundo antes de abrir un sumario, y cuestionó que este proceso se desarrolle al mismo tiempo que el fiscal está llevando adelante una investigación, por parte de la misma persona que se siente perjudicada, algo que no era habitual años atrás en la jurisprudencia.