COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) – Este miércoles se desarrolló en los tribunales penales una audiencia de control de detención y apertura de investigación por un robo a una propiedad, ocurrido del 21 de agosto, que tiene como único imputado a un menor de iniciales K. D. G. La jueza penal resolvió dar por formalizada la apertura de investigación, pero decretó su libertad con prohibición de acercamiento y contacto con las víctimas.
El hecho ocurrió el 21 de agosto alrededor de las 6.10 hs. El menor, junto a otras personas, ingresaron a una vivienda ubicada en la calle Chile 400, en el barrio Pueyrredón, mientras las víctimas dormían. Rompieron la puerta gritando “policía”. Una vez adentro, encerraron a la familia en la habitación mientras robaron elementos de valor y dinero en efectivo. Luego se fugaron en dirección a la avenida Roca.
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El hecho quedó provisoriamente calificado como “robo agravado por ser cometido en población y en banda”, en calidad de coautor para el menor.
La fiscal también solicitó que se declare legal la detención ya que fue ordenada por un juez penal competente. El menor se presentó el martes con su padre en sede del Ministerio Público Fiscal y quedó detenido hasta ahora. Por último, Rivas pidió que se dicte el arresto domiciliario del menor por 10 días en base a la existencia del peligro de entorpecimiento de la investigación, enunciando elementos de convicción suficientes para tenerlo como probable autor del ilícito y argumentando que su libertad puede influir sobre testigos.
En contraposición, la defensora no objetó ni el relato del hecho, ni la calificación legal provisoria, pero sí el pedido de arresto domiciliario, oponiéndose ya que no tiene antecedentes penales computables. Solicitó su libertad con prohibición de acercamiento a las víctimas por un radio de 200 metros. Recalcó que no existe peligro de fuga ya que se presentó voluntariamente en fiscalía, con su padre, cuando conoció su orden de detención.
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Finalmente, la jueza penal resolvió dejar en libertad al menor con medidas sustitutivas como la prohibición de acercamiento y contacto con testigos. Declaró legal su detención y dio por formalizada la apertura de investigación preparatoria en su contra por el delito de “robo agravado por ser cometido en poblado y en banda”, en calidad de coautor para el menor. Advirtió también al menor que en caso de incumplimiento se le revocará el beneficio.
La audiencia fue presidida por Gladys Olavarría, jueza penal; por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Patricia Rivas, funcionaria de fiscalía; en tanto que la defensa del menor la ejercieron María de los Ángeles Garro, defensora pública y Andrea Mac Garva, asesora de menores.
