RAWSON (ADNSUR) – La ex ministro de Educación y diputada electa, Graciela Cigudosa, será imputada por 24 hechos de fraude a la administración pública en la refacción de escuelas en Rawson y Playa Unión. Según la Fiscalía, una vez formalizada la imputación, “vamos a profundizar la investigación en Comodoro Rivadavia”.
Omar Rodríguez, uno de los fiscales que interviene en la investigación, detalló que existía una suerte “de concurso de precios ficticio para quedarse con las obras de reparación y de paso ponerle sobreprecios a las cotizaciones”, en un acuerdo entre funcionarios y empresarios.
Reveló que, en este caso inicial, el fraude fue de 1,5 millones de pesos y consideró que si esa cifra no se multiplicó, fue “porque aparecieron personas denunciando” la maniobra.
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En una entrevista que brindó hoy a Actualidad 2.0, Rodríguez aclaró que la investigación se inicia en escuelas de Rawson y Playa Unión, de la Región IV, pero que en lo sucesivo avanzarán con Comodoro Rivadavia, Esquel y Puerto Madryn, donde también se actuó bajo esta modalidad de fraude.
Según el fiscal, si bien las operaciones eran similares en cada región, se trata de “grupos de empresas distintos en cada ciudad”.
Indicó que “hay bastantes elementos para avanzar y eventualmente presentar una acusación y elevar la causa a juicio”. El plazo de la investigación es de un año, como máximo, pero “aspiramos a que sea mucho antes”. En caso que llegue el 10 de diciembre y la ex ministra de Educación asuma como diputada provincial, “habrá que hacer todo el trámite para desaforarla y poder juzgarla”, dijo.
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Junto a Cigudosa, también se imputará al secretario de Coordinación del Ministerio, Raúl Care; su secretario privado, Gustavo Hueichan; Daniel Schmid, de Lada Construcciones y Ramida SRL; Daniel Gel, de Gefer SRL y Calypso Revestimientos; Félix Currumil, Jorge Santucho y Roxana Pereyra.
Modalidad
En cuanto a la modalidad utilizada, el fiscal indicó que “se ponía de acuerdo un primer grupo de personas de manera anticipada y armaban las cotizaciones siempre con precios parecidos para que vaya ganando uno u otro”. Esto funcionó porque “todos los oferentes que participaban tenían relación entre sí”.
“Era un grupo de personas vinculadas entre sí que aparecían a los ojos de un tercero como que eran proveedores distintos, independientes y que participaban en una puja de precios”, relató.
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Una vez elaborada la documentación, se armaba una planilla con cuadros comparativos y “ahí se establecía quiénes habían ganado”.
La maniobra era: “se presentaban en las escuelas, decían que iban a refaccionarlas en nombre del Ministerio de Educación, algunos directores solicitaban instrucción a Supervisión o a Delegados de la Seccional, y ahí le decían que estaba todo ok. Inspectores de obra no existían”.
Sobreprecios
“Además –continuó Rodríguez- le facturaron un sobreprecio elevado a las distintas refacciones y cambio de algunos elementos que iban haciendo en las distintas escuelas”.
El fiscal reveló que en algunos casos se detectaron sobreprecios de hasta un 600%. Por ejemplo, “los tubos fluorescentes rondaban entre los 700 y 800 pesos, el costo del tubo era 130 pesos”. Algo similar pasaba con la limpieza de los caloramas: “cuando se llevaron a cabo las obras era verano y el costo era de entre 600 y 800 pesos, pero esta gente facturó 6.000 pesos la limpieza por cada calorama. Y así en varios productos más”, ilustró.