Este jueves se formalizó  la investigación preparatoria de juicio contra un un hombre de 57 años, imputado como presunto autor del delito de abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, agravado por haber sido cometido por el encargado de la educación y en contexto de la ley de protección integral contra la mujer.

El juez Alejandro Rosales dispuso la aplicación de la prisión preventiva domiciliaria contra el sospechoso. También otorgó un plazo de seis meses para que el Ministerio Público Fiscal concluya sus tareas investigativas.     

La fiscal Rita Barrionuevo expuso durante la audiencia que el primer hecho ocurrió durante el mes septiembre de 2020, en una oficina de un centro comunitario ubicado en el barrio “Parque 21 de junio”. Pero luego, en octubre del año pasado, el imputado agredió nuevamente a la menor de edad. Esta vez, el hecho ocurrió en el domicilio de la víctima.

Sin embargo no todo terminó allí ya que durante el mes de noviembre, el imputado utilizó su casa para atacar por tercera vez a la adolescente.   

El caso lo investiga el Ministerio público Fiscal de Sarmiento. Foto: archivo
El caso lo investiga el Ministerio público Fiscal de Sarmiento. Foto: archivo

ARRESTO DOMICILIARIO POR 4 MESES

Por su parte la Defensa Pública presentó un informe social en el que indican que el imputado padece una serie de afecciones a su salud, como hipertensión, fiebre reumática, asma, y  problemas cardíacos. Por estos motivos, los asesores legales, señalaron que no sería aconsejable que su asistido permanezca en un centro de detención.

En consecuencia, la representante de fiscalía, propuso que se imponga una prisión preventiva, por el plazo de cuatro meses, con la modalidad de arresto domiciliario.

A su turno, el abogado Marcelo Catalano, consideró que no debe ser incorporado el agravante de encargado de la educación de la víctima. Por otra parte, solicitó que su asistido se presente de manera semanal en la comisaría y se mantengan medidas de protección para la víctima.  

Finalmente,  el juez dispuso que se mantenga la permanencia constante del sospechoso en su domicilio, sin autorización de ausentarse de su vivienda, sin una orden judicial. Esta medida restrictiva fue establecida por el plazo de cuatro meses. 
 

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