RAWSON (ADNSUR) - Una broma pesada de la que según dicen habrían participado varios legisladores provinciales, armada para tomar el pelo a un veterano empleado de la Legislatura, podría terminar en un escándalo de grandes proporciones si avanza una denuncia penal por presunta falsificación de documento público que en estos momentos investiga la fiscalía federal de Rawson, a raíz de una presentación realizada por el Asesor Legal del Senado, Juan Carlos Salerni.
La denuncia del abogado que representa a la Cámara Alta del Congreso fue radicada en la justicia al tomar conocimiento de un documento al parecer apócrifo que se habría hecho circular en la Legislatura Provincial con una presunta adulteración tanto de la firma como del sello del senador del PJ rionegrino y presidente del interbloque de Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto.
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Inmediatamente, al tomar conocimiento del tema, el fiscal Fernando Gélvez libró oficios a Mesa de Entradas de la Legislatura, y citó a declarar como testigos a varios empleados que allí trabajan y sin estar enterados de la maniobra, habrían dado ingreso a la nota con la firma de Pichetto que “alguien” dentro de la casa les entregó, con la idea de mostrar a la víctima del chiste de que se trataba de algo oficial que había llegado desde Buenos Aires.
Entre tres y cinco empleados legislativos deberán concurrir en el mes de marzo a la fiscalía de Gélvez para declarar qué decía el documento y quién se los entregó, ya que el fiscal pretende determinar quién está detrás de la autoría de la broma, que a través de una nota atribuida a Pichetto, buscaba hacer creer a un empleado legislativo de Chubut que el PJ nacional a través del senador le reconocía sus años de militancia.
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Dicen en los pasillos legislativos que los autores de la broma se jactaban de que les había salido genial, porque el homenajeado se había “comido” la maniobra y hasta se había emocionado. Pero cuando le dijeron que se trataba de un chiste, quizás nadie imaginó que ésta u otra persona iba a preguntar al entorno del senador si estaba al tanto, y que a Pichetto no le iba a gustar nada que estuvieran jugando con su firma y su sello.
La cuestión es que ahora la causa está en marcha y la justicia deberá determinar si lo acontecido y sus autores pueden haber incurrido en alguno de los delitos contra la fe pública que figuran en el Código Penal, que en su artículo 292 sostiene: “el que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado”.
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En el artículo 293 el Código estipula que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio”.
En tanto que el artículo 298 dispone que “cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo, fuere ejecutado por un funcionario público con abuso de sus funciones, el culpable sufrirá, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.
Los testimoniales se tomarán en marzo y se buscará encontrar al autor material y al autor intelectual del chiste. La cuestión, si es que hay legisladores implicados, es cómo pedir disculpas a Pichetto por semejante papelón institucional.
