El titular de la Delegación Regional Puerto Madryn de la Oficina Anticorrupción, Eduardo Conde, aseguró que hay más de una decena de organsmos públicos que no están cumpliendo con los plazos que establece la ley para la entrega de información solicitada en diferentes casos.
En esta línea, el funcionario aseguró:“Estamos obligados a ir a la Justicia y denunciar por desobediencia e incumplimiento de los deberes a los funcionarios que no responden las consultas y pedidos de información que se les han cursado”.
Es que, según explicó, “de conformidad con la Ley I N° 267 del Digesto Jurídico, el plazo de vigencia del proceso reglamentado dentro del régimen especial, a los fines de las investigaciones a cargo de este organismo, es de seis meses, razón por la cual, frente a un pedido de información, se impone acceder a una respuesta que permita cumplir con el procedimiento y sus términos legales”.
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Por ello, “frente al silencio evidenciado por muchos funcionarios a cargo de distintos organismos, la Delegación ha tenido que acudir en varias ocasiones a formular la correspondiente denuncia penal por desobediencia, en cabeza del funcionario, desnaturalizando la labor del organismo, que debe focalizarse en acciones que no le son propias, pero entendemos necesario hacerlo de manera de convencer a los funcionarios de su obligación de dar respuesta a los requerimientos de la Oficina Anticorrupción”.
Conde detalló los siguientes organismos que se encuentran en falta a su obligación de dar respuesta a los oficios de solicitud de información: el Ministerio del Ambiente; Ministerio de Salud; Ministerio de Infraestructura; Instituto Provincial de la Vivienda; Instituto de Seguridad Social y Seguros; ART Prevención del Grupo Sancor Seguros; Tribunal de Cuentas de la Provincia del Chubut; Municipalidad de Comodoro Rivadavia; Municipalidad de Esquel; Municipalidad de Trelew y el Honorable Concejo Deliberante de Puerto Madryn.
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“Nos cabe la obligación de judicializar el incumplimiento de los funcionarios porque obstaculizan las investigaciones. Al tomar conocimiento de alguna presunta irregularidad, nuestra obligación primera es conseguir la información necesaria que lleve a descartar o confirmar la situación, pero hay ministerios, secretarías, subsecretarías, y otros organismos que desoyen los pedidos de información y nos obligan a llevarlos a la Justicia para conseguir finalmente una respuesta”, remarcó Conde.