COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Seguramente no será el juicio en el que se ventilen los montos dinerarios más abultados, pero sí la causa que generará más indignación, especialmente en la zona sur, porque la acusación dice que un grupo de funcionarios junto a comerciantes con los que supuestamente estaban asociados, se "aprovecharon" del estado de necesidad y desesperación de los vecinos que sufrían ante un diluvio histórico que los tapó de barro, para estafar al estado valiéndose de un decreto que los habilitó a hacer compras de manera directa, que les permitió "fabricar" facturaciones por productos que nunca se entregaron, y que debían estar destinados a las víctimas de la catástrofe climática que azotó a Comodoro Rivadavia en abril de 2017.

Se la conoce como la causa de la Emergencia Climática y algunos la denominan la "causa madre", porque es la denuncia original que dio origen a una andanada de investigaciones contra ex funcionarios de la última gestión dasnevista, algunas ya con condena, como en la Causa Embrujo y en el caso del ex titular de Ceremonial, Oscar "Chito" Alarcón, por enriquecimiento ilícito; y otras por ir a juicio en breve, como las causas de Revelación, Tesla, Lotería, Negociaciones Incompatibles en Servicios Públicos y el presunto peculado en la venta de alimentos para mascotas, también vinculada al desastre climático.

El caso ya tiene fecha de inicio para el debate oral, fijada para el 17 de marzo próximo, y cuenta con 12 imputados en total. Seis de ellos eran funcionarios y se los acusa como coautores de defraudación con administración fraudulenta con perjuicio al Estado en delitos continuados: el ex subsecretario de Unidad Gobernador,  Diego Correa, su colaborador, Diego Luthers, la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, el ex subsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, la ex encargada del depósito de Familia, Viviana Barale, y el responsable de Compras del ministerio, Cristian Orsi. En un primer momento se investigó también al ex ministro Coordinador, Alberto Gilardino, porque aparece su firma en todos los expedientes, pero luego los fiscales lo desvincularon de la causa por no encontrar mayores pruebas que lo vinculen con el resto de los actores.

Y también por el delito de defraudación, pero en carácter de participes necesarios, están imputados seis responsables de comercios de la zona que facilitaban las presuntas "facturas truchas": son Franco Finiguerra, Bruno Taurelli Chiribao, Cecilia Sabada, Marta Fracasso, Guillermo Williams y César Hugues. 

Según la acusación, la operación que partía del área de Correa -y para lo cual el área de Familia prestaba la colaboración necesaria en los trámites administrativos-, consistía en facturar millones de pesos en elementos como agua, leña, carne, colchones y nylon que nunca llegaron a destino y en muchos casos ni siquiera se entregaron, valiéndose de un decreto que habilitaba la compra directa para buscar más agilidad en los trámites debido a la urgencia y la necesidad que estaba pasando la gente víctima del temporal.

TESTIGO CLAVE

El dato que se conoció en las últimas horas y que tiene que ver con esta causa, es que entre los más de 130 testigos ofrecidos por los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams, a los que se suman otros 70 testigos aportados por los defensores de los imputados, figura una mujer que jugó un rol muy particular, que tuvo implicancias no sólo en esta causa, sino que generó consecuencias políticas que eran insospechadas en su momento, ya que su accionar dió inicio a un aluvión de causas por corrupción contra la gestión de Mario Das Neves y buena parte de su gabinete.

Se trata de la mujer que allá por agosto de 2017 acercó a la Legislatura el famoso "sobre bomba" (llamado así porque de tan sospechoso, motivó la intervención de personal policial que tuvo que analizarlo) con documentación que consistía en fotocopias de estas facturaciones truchas de la época de la emergencia, en un momento en que nada de esto había trascendido aún, y que llegó a manos de los principales enemigos de aquel gobierno: los diputados del FPV, Blas Meza Evans y Gabriela Dufour.

Esos papeles sospechosos terminaron lógicamente en el Ministerio Público Fiscal y originaron los primeros allanamientos en las oficinas de Fontana 50 dónde trabaja Diego Correa, y después la historia es conocida: el fallecimiento del gobernador Das Neves, la ola de detenciones a partir de marzo de 2018, las planillas Excel, los sobresueldos, los retornos pagados con cheques, y todo lo que despertó aquella "caja de Pandora", que se inició con aquel sobre de papel madera.

La mujer, que en ese entonces era empleada de un importante despacho de Casa de Gobierno y que fue identificada por las cámaras de seguridad de la Legislatura, va a ir al juicio y va a reconocer que ella llevó esas pruebas. 

A esta altura de los acontecimientos, esta secretaria se convirtió en un mito de la historia reciente de Chubut, y el juicio permitirá conocer su cara, saber su nombre y qué motivos tuvo para llevar esa documentación al bloque de la oposición de manera anónima.

Será un testimonio imperdible, que develará los secretos del origen de una cadena de acontecimientos que aún tiene final incierto. Y que quizás sirva para confirmar estos hechos que son aberrantes, si los fiscales logran demostrar en el juicio que hubo quienes se aprovecharon de la necesidad y la urgencia de aquellos que perdieron todo con el temporal, para hacer negocios particulares.

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