CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El juez en lo Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, a cargo del concurso de acreedores de Vicentin, dispuso este viernes que el directorio de la cerealera vuelva a ocupar sus funciones y desplazó a los interventores dispuestos por el presidente Alberto Fernández, que pasarán a ser veedores de la firma.

"Se dispone con carácter de medida autosatisfactoria y previa presentación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforma la última Asamblea Ordinaria de accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma", detalló el magistrado.

"Se permitirá la presencia de los señores interventores conforme al DNU 522/2020, en condición de veedores", aclaró el juez. 

Según publica TN, desde este viernes, los veedores del Gobierno podrán realizar tareas de "seguimiento amplio, efectivo y directo" de las cuestiones de la firma, pero no tendrán intervención alguna "en las decisiones del órgano de administración".

La medida del magistrado es en respuesta a la presentación de los directivos de Vicentin que habían solicitado el desplazamiento de los interventores. Si bien esto no ocurrió, el juez les redujo su capacidad operativa en la firma y redujo su figura.

La Justicia repuso a los directores de Vicentin y desplazó a los interventores del Gobierno

Así, Gabriel Delgado y el resto de los interventores ya no tendrán el control total de la sexta agroexportadora más importante de la Argentina que buscaba reestructurar judicialmente una deuda total de unos $100.000 millones.

Por otra parte, el juez Lorenzini se declaró "incompetente" para definir los planteos de constitucionalidad del DNU del presidente Alberto Fernández.

De esta forma la Cámara de Apelaciones tendrá que disponer si el magistrado debe o no definir este tema. El trámite no será inmediato y llevará, al menos, unas semanas

El Banco Nación es el principal acreedor de la compañía. A su vez, hay más de 2600 firmas y personas físicas, entre ellas bancos nacionales e internacionales, públicos y privados; cooperativas de granos; grandes competidores multinacionales, pequeños y medianos productores agropecuarios, entre otros. La AFIP, por caso, reclama 9500 millones de pesos, según información que obtuvo TN.com.ar de fuentes oficiales.