COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El acto fue presidido por Daniela Arcuri, jueza de ejecución subrogante; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Héctor Iturrioz, fiscal general y María Laura Blanco, funcionaria de fiscalía. Anabela Carrillo en representación del Ministerio de Gobierno de la provincia; el responsable de la Alcaldía, Crio. Martínez; y la defensa fue ejecutada por Iris Moreira, defensora jefa, acompañada por Lucía Pettinari y Ricardo Amado, defensores públicos.
La jueza de ejecución hizo un recuento de los antecedentes de la audiencia afirmando que “no está cumplido lo ordenado al Estado por la falta de alimentos secos, ingredientes mínimos e indispensables”. Recordando que la Alcaldía prepara toda la comida de las personas “detenidas en Comodoro y Rada Tilly”, aparte de la población carcelaria propia. Instando a regularizar dicha situación por parte del Ministerio de Gobierno. El Ministro de Gobierno se comprometió a regularizar la situación de provisión de alimentos. Luego de la denuncia de presuntos sobreprecios, el pasado 28 de octubre, se suspenden los pagos a proveedores. El día jueves 7 de enero la jueza Arcuri, junto a la defensora Pettinari, visitaron la Alcaldía local donde fueron recibidas por el Crio. Martínez y verificaron que la existencia de alimentos era suficiente solo para 10 días.
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Seguidamente la representante del Ministerio de Gobierno aseguró que el pasado 6 de enero se dio cumplimiento a la orden judicial por la compra de alimentos secos para la población carcelaria de Comodoro y Rada Tilly. Asumiendo el compromiso que “esta situación se va a terminar”, argumentando que el Gobierno asumió hace pocos días y se dio inmediato cumplimiento a lo requerido. Se pondrá en “funcionamiento el sistema para que esto no vuelva a suceder”, concluyó.
Iturrioz se refirió a dos investigaciones que tiene a su cargo, relacionadas tangencialmente al tema. En una de ellas se “verifican sobreprecios en verduras y huevos”, pero el gobierno anterior suspendió todos los pagos. La Procuración General remite la denuncia a la fiscalía de Comodoro y el fiscal jefe, Juan Carlos Caperochipi le asigna la causa a Iturrioz. Aseguró también que no se adoptó ninguna medida por parte del Ministerio Público Fiscal que haya solicitado la suspensión de los pagos. Otra de las causas que se abre es cuando un Comisario procede a retirar carne a un proveedor y le comentan que la misma ya había sido retirada por personas desconocidas. Concluyendo que el propio Ministro Williams se comprometió a solucionar la situación.
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El Comisario Martínez aseguró que desde la denuncia “todo pedido de comida administra la misma el sector de Finanzas de la Unidad Regional”. No está habilitado para el procedimiento de compra.
La defensa requirió se mantenga el habeas corpus ya que solo hay existencia de alimentos para diez días. Asimismo solicitaron se clarifique el procedimiento administrativo a adoptar por el encargado de la Alcaldía para regularizar el tema de los alimentos.
Finalmente la jueza de ejecución penal resolvió mantener el habeas corpus e instó a las autoridades que el próximo 15 de enero se garantice la continuidad de la provisión de alimentos para la población carcelaria.
