La insólita respuesta del comisario que llevó a seis presos a su casamiento para cocinar asado y ser mozos
El jefe policial está siendo juzgado por ordenar que seis detenidos prepararan y sirvieran en su casamiento, sin custodia ni autorización. Además, los hizo limpiar el salón.
El jefe de la subcomisaría de Lonquimay, Cristian Martín Galván, está siendo juzgado en La Pampa por un insólito y polémico episodio ocurrido el 31 de mayo de 2024, cuando utilizó a seis presos bajo su custodia para el catering de su boda.
La celebración tuvo lugar en el salón Bar Véneto, situado a una cuadra de la dependencia policial y a unos 65 kilómetros de Santa Rosa, capital provincial.
Según la investigación judicial, Galván ordenó que seis de los ocho detenidos que tenía a su cargo salieran de la subcomisaría para preparar un asado, servir como mozos y encargarse de la limpieza del salón tras la fiesta. Los presos caminaron sin custodia hasta el lugar del evento y, una vez finalizada la celebración, regresaron por sus propios medios a sus celdas, sin que se registrara ninguna fuga.
El hecho trascendió al día siguiente en el pueblo y dio origen a una causa penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público. En el juicio oral, realizado en el Centro Judicial de Santa Rosa, los propios detenidos reconocieron haber trabajado en la boda. Uno de ellos, visiblemente conmovido, admitió haber cocinado el cordero, mientras que otro relató que sirvió el almuerzo. Cuatro de los seis presos confirmaron su participación directa en las tareas asignadas.
El fiscal general Guillermo Sancho sostuvo que Galván no tenía ninguna autorización para liberar a los internos y remarcó que “tuvo suerte de que ninguno se fugara”. Además, aclaró que los detenidos no cometieron delito alguno, ya que actuaron bajo órdenes del subcomisario.
LA RESPUESTA DEL JEFE POLICIAL TRAS EL ESCÁNDALO
En su defensa, Galván alegó que todo se trató de una interna policial y negó haber liberado a los presos para la fiesta. Su esposa y otros testigos también negaron la presencia de los internos en la celebración, pero las pruebas recolectadas y los testimonios durante el juicio contradijeron esa versión. Incluso se comprobó que una exposición firmada por vecinos que supuestamente no vieron a los presos fue rubricada sin haber sido leída en detalle.
El juicio concluyó recientemente y la sentencia se conocerá el 28 de julio. El fiscal solicitó para Galván una condena de un año y tres meses de prisión en suspenso, además de dos años y medio de inhabilitación para ocupar cargos públicos. Por su parte, la defensa pidió la absolución.
Este caso generó un fuerte debate sobre el abuso de autoridad, la seguridad en el sistema penitenciario local y la ética en el ejercicio de funciones públicas, ya que el comisario habría utilizado a los presos para reducir costos del catering en su boda, poniendo en riesgo la custodia y el orden institucional.
