RAWSON (ADNSUR) – El representante de la Fiscalía de Estado, Daniel González, informó que van a pedir constituirse como querellantes en la causa por presunta asociación ilícita que involucra al ex funcionario detenido Diego Correa. González sostuvo que “nosotros oportunamente velaremos por cuidar los intereses de la provincia”.
González informó que “recibimos las notificaciones y nos vamos a presentar de modo formal a sólo efectos de tomar vistas de las actuaciones. Vamos a permitir que el Ministerio Público siga trabajando y vamos a verificar esta hipótesis de que se produjo un perjuicio contra la provincia; vamos a avanzar en determinarlo y como querellantes hacer las presentaciones para los reclamos pertinentes”.
“Tenemos que esperar que lo resuelva el fiscal y supongo que contemporáneo con la presentación estuvieron otras acciones, me anoticié por los medios sobre diferentes medidas y me imagino que el cúmulo de tareas es mucho. Vamos a esperar que el Ministerio Público trabaje con tranquilidad, reúna las pruebas necesarias y nosotros oportunamente velaremos por cuidar los intereses de la provincia”.
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Consultado sobre la no participación del fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, González aclaró que es “por una cuestión de operatividad. El fiscal de Estado se ha inhibido de intervenir en estas actuaciones y ha derivado su actividad al fiscal adjunto. A su vez, en la Fiscalía hay un cuerpo de abogados que somos muchos y me ha tocado avanzar con esta actividad y voy a hacerlo de la manera de mejor calidad que sea para defender los intereses de todos los chubutenses”.
Respecto a los motivos por los cuales no intervino Martínez Zapata, González indicó que es “por una cuestión de decoro y para que no se produzca ningún tipo de suspicacia. Me voy a limitar a señalar que es una herramienta que tiene dentro de sus posibilidades”.
Finalmente, sostuvo que “se busca que se conozca todo lo que ha ocurrido y en eso trabaja el Ministerio Público Fiscal, y nosotros desde la Fiscalía de Estado procurar que en caso de que se pruebe que se produjo un perjuicio, la provincia tiene que accionar y proteger los intereses. El querellante tiene la posibilidad de hacer muchas actividades en conjunto o no con el ministerio Público Fiscal, pero esto recién comienza”.
