La condenaron por ser contratada como "ñoqui" y denunció que fue víctima de "porteñofobia"

La Cámara de Apelaciones de Trelew realizó este jueves una audiencia clave para revisar la sentencia dictada en la causa conocida como “Ñoquis Calientes”, un expediente que marcó un precedente histórico en la provincia de Chubut: fue la primera vez que la Justicia declaró penalmente responsables a funcionarios y asesores por percibir sueldos estatales sin cumplir funciones efectivas.

Durante la audiencia de revisión, los abogados defensores solicitaron la nulidad de la condena por considerarla arbitraria, mientras que el Ministerio Público Fiscal rechazó esos planteos. La decisión final del tribunal revisor, integrado por los jueces de Cámara, César Zaratiegui, Alejandro De Franco y Adrián Barrios, será informada el próximo 12 de junio.

Durante la audiencia, Romano Cominetti, abogado de la ex ministra de Desarrollo Social y Familia, Cecilia Torres Otarola, argumentó que el fallo fue arbitrario y cuestionó la valoración probatoria. Por su parte, Florencia Barba, en representación de Javier Solari, Reto Trelles y Mara Rodera, sostuvo que sus asistidos no percibieron haberes y renunciaron posteriormente a los cargos. Ambos pidieron el sobreseimiento de sus asistidos.

Por su parte, el titular de la UFE DAP, el fiscal General, Omar Rodríguez, y el fiscal General, Lucas Papini, se opusieron a los planteos de la defensa. Señalaron que se intentó reintroducir cuestiones ya debatidas y remarcaron que el proceso judicial se extendió por más de cuatro años.

Al final de la audiencia, Torres Otarola y Mara Rodera hicieron uso de la palabra. Según detalló el Ministerio Público Fiscal, la ex ministra afirmó que no defraudó a la provincia ni dejó personal en planta permanente. Rodera, en su intervención, se refirió al caso como un ejemplo de “porteñofobia”.

La sentencia de primera instancia condenó a Torres Otarola por cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales. También fueron condenados Cañumil, Rodera, Solari y Trelles. El fallo señaló que los nombramientos realizados por Otrarola dentro del Ministerio no tuvieron contraprestación laboral y que existieron pedidos de devolución parcial de haberes a asesores legislativos.

UN FALLO QUE SENTÓ PRECEDENTE EN LA PROVINCIA

En el fallo condenatorio, los jueces consideraron que fueron probadas las dos acusaciones centrales contra Otarola: la contratación de personas que no cumplían las funciones para las que habían sido designadas y la exigencia de que algunos de sus empleados devolvieran parte de su sueldo.

Dentro del primer punto figura la contratación de Silvana Cañumil, designada por gestión de la entonces diputada como auxiliar administrativa en la Legislatura, entre el 1 de abril de 2016 y el 1 de febrero de 2017, y luego asistente del bloque "Juntos por Chubut" hasta diciembre de 2019.

En una decisión dividida, Pérez Bogado y Richeri consideraron que durante la investigación se probó que Cañumil no cumplía funciones dentro de la Legislatura y que, en cambio, trabajaba como niñera de los tres hijos de Otarola, función que cumplía antes de que la diputada asumiera su banca.

Los otros hechos en los que Otarola fue condenada por el delito de "fraude a la administración pública" fueron las designaciones con cargo de directores dentro del Ministerio de Familia de Mara Lorena Rodera, Facundo Solari Rodera y Miguel Ángel Reto Trelles. Los tres vivían en Buenos Aires y tenían un vínculo en común: Jaqueline Rodera, amiga de "Chehu" y nombrada como subsecretaria de Desarrollo Social.

Durante su declaración, Mara Rodera afirmó que su contratación tenía como objetivo realizar tareas en la Casa del Chubut en Buenos Aires, pero que las actividades que intentó organizar se frustraron. Entre esas iniciativas figuraba la intención de trabajar en conjunto con la fundación Margarita Barrientos y el intento de realizar una actividad con María Kodama, viuda de Borges, con quien se reunió.