Intimarán a funcionarios públicos de Chubut que demoren sus declaración de bienes

RAWSON (ADNSUR) - El vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, Antonio Cimadevilla, detalló cuáles son las funciones principales  de ese organismo de control, entre las que se cuenta la verificación de la evolución patrimonial de quienes ejercen la función pública en Chubut.

Al valorar la gestión iniciada el año pasado por la nueva composición de ese organismo, que se renueva cada 6 años, Cimadevilla ponderó que el año pasado recibieron más del triple de declaraciones que en 2018, cuando la gestión anterior verificó solamente 302 presentaciones.

En la actualidad, indicó que el plazo legal para cumplir con ese requisito, por parte de quienes asumieron el 10 de diciembre (o incluso para quienes continuaron en el cargo) se vence en los próximos días, por lo que han emitido las intimaciones correspondientes.

“Si bien hay 45 días hábiles, la suspensión de plazos que se dispuso por la pandemia hizo que hasta ahora sólo hayan transcurrido 40 días hábiles –contabilizó este miércoles-, por lo que el plazo se estaría venciendo recién en estos días, por lo que vamos a enviar las intimaciones”.

“La ley Etica Pública habla de tres momentos en los que se debe presentar la declaración jurada de bienes: al momento del ingreso a la función, en el cese de la misma y si hay variación patrimonial significativa del patrimonio. Esto último sólo lo conoce sólo el funcionario, por lo que es él quién debe presentarse si tiene un aumento del patrimonio”, explicó.

De todos modos, las sanciones para quienes incumplen no son importantes: sólo el 30 por ciento de un módulo, que hoy se ubica en 8.700 pesos. Es decir, la multa por no cumplir con la presentación es de unos 2.600 pesos. 

“El Tribunal de Cuentas no tiene otra posibilidad que intimar para que los funcionarios hagan la presentación o aplicar las multas que marca la ley”, señaló el funcionario.

Control de pagos de forma, pero no de fondo

En diálogo con Actualidad 2.0, el funcionario también explicó el sistema de controles que se aplica sobre expedientes de compras por parte del Estado provincial. “Todo expediente se inicia en el Servicio Administrativo y luego hay un control por parte de la Contaduría General de la provincia –detalló-, que tiene su sistema de control interno. Luego pasa al Tribunal de Cuentas, donde hay un control de formalidad pero no de fondo. Si hay una irregularidad, sólo puede detectarse antes del pago en esos organismos previos, porque cuando llega al Tribunal los fondos públicos ya se fueron”.

La consulta fue ante los dichos del procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena, quien advirtió que los organismos de control de la provincia pueden asumir responsabilidades penales frente a hechos de corrupción que tomaron trascendencia en los últimos días, a partir de la investigación penal que involucra al Ministerio de Familia.

Otra función importante del Tribunal es la posibilidad de realizar juicios de responsabilidad patrimonial, contra funciones a los que se condene por hechos penales que perjudican al Estado. En ese caso, el procedimiento puede derivar en una reparación económica por parte del funcionario para reponer, de su propio patrimonio, el daño provocado a las arcas públicas.