El procurador general adjunto de Chubut, Emilio Porras Hernández, informó hoy que en la investigación por el incendio de la Casa de Gobierno y la Procuración General, entre otros daños graves ocurridos el 16 de diciembre pasado en Rawson, como derivación de las protestas contra la minería, se libró oficio al gobernador Arcioni para que informe si tiene tiene conocimiento sobre posibles instigadores o responsabilidades políticas. Es a partir de sus dichos a pocas horas de los desmanes ocurridos. También se espera el resultado de la pericia ígnea solicitada a la Policía Federal
“Se trata de una investigación penal y tiene sus tiempos de recolección y análisis de pruebas –manifestó Porras Hernández-, todas las líneas diseñadas desde un principio están abiertas y se debe analizar información contenida en 20 gigabytes de material fílmico y fotográfico, para identificar posibles autores materiales de los hechos”.
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Según precisó el procurador adjunto, en diálogo con Actualidad 2.0, “por estos días esperamos respuesta de parte de las autoridades del gobierno, en relación a sus primeras manifestaciones, sobre la posible participación de personas involucradas”.
Piden al gobernador que brinde precisiones sobre sus dichos
Vale recordar que pocas horas después del incendio que destruyó totalmente la Casa de Gobierno, entre 16 edificios públicos afectados en la capital provincial, el gobernador Mariano Arcioni manifestó en declaraciones públicas: “Detrás de esto hubo un ideólogo de todo, que ya sabemos quién fue, y vamos a llegar a fondo y tendrá que pagar las consecuencias”.
A partir de esto, Porras indicó que no se lo llamó a declarar, pero se le pidió que informe por escrito sobre el conocimiento que puede tener:
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“Los funcionarios superiores tienen la posibilidad de, en lugar de asistir a prestar declaración testimonial, enviar un informe desde su despacho –detalló-. Nosotros libramos un oficio específicamente al gobernador para que aporte toda la información que pueda ser útil para profundizar la investigación, independientemente de las facultades de la fiscalía para profundizar en esa línea”.
El procurador adjunto señaló además que no se manejan plazos para determinar resultados en la investigación, que aún no tuvo imputaciones concretas. Por otro lado, también se busca determinar si hubo responsabilidades penales o incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, a partir de las medidas de prevención que deberían haberse adoptado tras la sanción de la polémica ley.
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Entre los delitos que buscan probarse, las calificaciones provisorias apuntan al incendio y estragos intencionales, que podrían tener agravantes por el riesgo de bienes públicos. Además, hay denuncias por abuso policial, por lo que también se investiga si hubo apremios ilegales.
Se busca recuperar algunos de los 700 legajos judiciales dañados por el fuego y que dejarían impunes varios delitos
Como consecuencia del incendio en la Procuración General, se vieron afectados centenares de causas judiciales abiertas, con distintos grados de gravedad, que en algunos casos buscan reconstruirse cuando es posible recuperar pruebas en soportes informáticos, o requerirse nuevamente, pero en otros los daños fueron irrecuperables.
“Hay un relevamiento provisorio con aproximadamente 700 legajos afectados y luego, en los que tenían audiencias fijadas o alguna medida en curso, se fueron activando y tratando de reconstruir a partir de respaldos informáticos que están en el Ministerio Público Fiscal –relató-. Cuando es posible solicitarla nuevamente, se trata de reproducir la información”.
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Vale recordar que uno de los expedientes en los que se perdieron pruebas de forma irrecuperable es en el que investigaba presuntas irregularidades en el ámbito de Lotería del Chubut, por lo que la fiscalía que llevaba adelante esa acusación pidió el sobreseimiento de los imputados, entre los que se encontraban Diego Correa, Diego Luters (ya condenados en otras causas por corrupción) y Federico Verdeau, yerno del fallecido gobernador Mario Das Neves.