Este lunes comenzaron los alegatos finales en el juicio oral y público contra los tres imputados por los incendios desatados entre los días 17 y 18 de septiembre del año 2019 que afectaron los edificios de la Legislatura provincial, durante una manifestación de docentes.

Tanto la Fiscalía como la querella coincidieron en pedir la culpabilidad de los tres imputados Santiago Goodman, ex dirigente de ATECh y las gremialistas Mariana Castro y Marcela Ancaleo.

Para la fiscal general de Rawson, responsable de la acusación, Florencia Gómez, y el procurador fiscal, Leonardo Cheuqueman, quedó acreditada “la materialidad de los hechos por parte de los imputados” y que a diferencia de Goodman, Castro y Ancaleo tuvieron una participación secundaria.

Para la Fiscalía, los imputados fueron "conscientes de su accionar ilegal y actuaron con libertad". Foto: MPF.
Para la Fiscalía, los imputados fueron "conscientes de su accionar ilegal y actuaron con libertad". Foto: MPF.

Para ellos, en todos los casos, los tres imputados “fueron conscientes de su accionar ilegal y sus consecuencias y que actuaron con libertad para llevar adelante sus conductas”, destacándose además que resulta además “poco creíble” que el traslado de las cubiertas fuera para “calefaccionarse”.  

Según la Fiscalía, tuvieron especial relevancia los peritos policiales y de los bomberos que, a manera de testigo, expresaron sus dichos en el debate. Asimismo, los testigos -especialmente policías- que se vieron afectados por las consecuencias del espeso humo y las llamas. Se trata de testigos presenciales desde el interior del edificio como así también desde el exterior.

“HUBO INTENCIÓN”

Para Gómez y su equipo de investigadores existió además el dolo o intencionalidad en provocar los delitos endilgados, debido a que, entre otros aspectos, “fueron conscientes que el accionar que desplegaron y realizaron, era ilegal”.

Respecto de la autoría, no solo es suficiente lo observado por los testigos que coincidieron en ver a Goodman haber trasladado y arrojado cubiertas al fuego, sino también su propio reconocimiento de los hechos por los cuales fue llevado a juicio oral y público.  

Destacaron que en el juicio no quedó acreditado que Goodman haya actuado bajo “amenazas”, tal como lo manifestaron los imputados y algunos testigos de la defensa considerados de dudosa credibilidad, teniendo en cuenta que se trata de delegados del mismo gremio que conducía Goodman.

La audiencia de debate, alegatos finales, se realizó en la Oficina Judicial de Rawson, la juez de garantías es Maria Tolmei, la fiscal Florencia Gómez, la querella a cargo de Martin Castro y los defensores son Sergio Miranda y Miguel Moyano de la defensa pública.

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