RAWSON (ADNSUR) - En los próximos días ingresará a la Legislatura un proyecto de Ley que busca crear una Escuela de Abogados del Estado, una iniciativa que surge desde la Fiscalía de Estado para mejorar el nivel profesional de los letrados que prestan funciones en el Ejecutivo y entes descentralizados, y que podría abarcar también al Poder Legislativo, de acuerdo al borrador al que accedió ADNSUR y que ya está en poder de los legisladores de distintos bloques.

El objetivo será brindar una serie de capacitaciones permanentes en la rama del Derecho Público y Administrativo a quienes se desempeñan hoy en organismos oficiales, y la creación de un Consejo Consultivo de especialistas para la selección de los profesionales que ingresen a futuro en el ámbito estatal provincial.

El borrador consta de 20 artículos que, según explicó el mismo Fiscal de Estado, Andrés Giacomone a esta agencia, busca ser consensuado con todos los bloques para ser enviado en breve a la Cámara de Diputados, en una iniciativa que ya se aplica en varias provincias pero implementada a través de un decreto.

El funcionario sostuvo que la futura ley esté destinada “a los abogados del Ejecutivo y los entes descentralizados, así como la Legislatura”, y que apunta a “profesionalizar esta función dentro del ámbito estatal”, con las funciones de “capacitación interna, hacer convenios con instituciones públicas y privadas para capacitar, y la evaluación de quienes quieran formar parte del estado el día de mañana, a la hora del ingreso”.

Se le daría al Fiscal de Estado el rol de director de la escuela y la función de la selección de los aspirantes, ya que dijo, es el organismo que “por ley es quien tiene que verificar la contratación de abogados, y con esta ley podrá hacer una consulta, una suerte de evaluación, a un consejo académico dentro de este cuerpo, con representantes de Colegios de Abogados, la Legislatura, la Universidad Nacional de la Patagonia, la Asesoría General de Gobierno y la misma Fiscalía de Estado”.

Explicó que la fiscalía que preside “al defender los intereses económicos de la provincia, muchas veces tiene que verificar cuál el procedimiento llevado adelante dentro del estado”, y en materia procesal “todo es perfectible, y en lo que hace a nuestra formación, tenemos que hacer hincapié en la legalidad de los procedimientos administrativos y formar quienes van a integrar el plantel”.

“Hay que poner de relieve la especificidad en la materia del Derecho Público dentro del rol del estado, y cuanto más capacitados estemos al momento de tomar las decisiones, obviamente se van a evitar situaciones que tal se podrían haber evitado”, sostuvo Giacomone en alusión a demandas y juicios que se pierden por errores procesales dentro de los expedientes.

FUNCIONES

De acuerdo al borrador del proyecto de Ley que ya tendría el visto bueno del bloque del arcionismo y de Juntos por el Cambio, se dispone crear “la Escuela de Abogados del Estado Provincial, destinada a la capacitación y el perfeccionamiento técnico de los profesionales del Derecho que forman parte del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, de los Entes descentralizados, y de las empresas del estado, como también a aquellos que aspiren a integrarlo”.

La escuela tendrá como objetivos, “brindar a los abogados que forman parte del Estado Provincial, un conocimiento profundizado sobre materias de derecho público y otras afines a los requerimientos de la gestión del Estado Provincial, a través de la capacitación, actualización y perfeccionamiento sostenido y permanente” y también “promover el inicio de una reforma cultural en el ámbito de la Administración Pública que apunte a una gestión de calidad, en base a las necesidades de los operadores del derecho y de los miembros de la sociedad”.

Además se propone “estimular en los abogados, el sentido de pertenencia al Estado, y el compromiso con la abogacía pública, en defensa de los intereses públicos en una sociedad democrática”, así como “organizar cursos de postgrado teórico-prácticos, seminarios, jornadas, carreras de especialización jurídica destinados a los profesionales del derecho”, y también “incentivar el hábito de la investigación en los abogados del Estado, con el objeto de posibilitar mejoras en las regulaciones y prácticas administrativas”.

La Escuela de Abogados del Estado “estará a cargo de un Director Ejecutivo, el que es designado por el Poder Ejecutivo y durará en sus funciones un período de 5 (cinco) años, siendo inamovible durante ese período, excepto por las causales y los mecanismos previstos por la Constitución, siendo prorrogable dicho período por una única vez. Dicho cargo será realizado ad-honorem, no generando incompatibilidad alguna, pudiendo o no ocupar dicho rol un funcionario provincial”.

CONSEJO CONSULTIVO

La propuesta establece además que en el ámbito de la Escuela de Abogados del Estado Provincial se crea un Consejo Consultivo, que “estará compuesto por un representante de cada uno de los siguientes organismos: Fiscalía de Estado; Asesoría General de Gobierno; la Honorable Legislatura Provincial; la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y un representante por el conjunto de los Colegios de Abogados de la Provincia”.

Agrega que quienes sean designados como consejeros “permanecerán en su función por un término de dos años, prorrogables por una sola vez. Para ser integrante del Consejo Consultivo se deberá poseer título de abogado y contar con 7 años de ejercicio profesional. Por dicha labor no percibirán remuneración de ninguna naturaleza”.

Corresponderá a este Consejo Consultivo, “asesorar al Director Ejecutivo sobre el plan de capacitación de los abogados del Estado; proponer los docentes para cada una de las unidades pedagógicas y programas de capacitación que se dicten; proponer el perfil de los letrados que cursarán los programas de capacitación; proponer las condiciones de acceso a las becas otorgadas para las capacitaciones dictadas fuera del ámbito de la Escuela de capacitación”.

El proyecto sostiene que a fin de poner en marcha este instituto “es necesario realizar una incorporación presupuestaria, la cual, por ser implementada para el segundo semestre del año, se realizará en base al 50% del presupuesto anualmente estipulado”, y agrega que la Escuela de Abogados podrá generar ingresos propios, “del dictado de cursos de postgrado, seminarios, jornadas, carreras de especialización jurídica destinados a los profesionales del derecho que no formen parte de ninguno de los organismos enumerados en el artículo 1°”.

Y también provenientes “de Convenios con entidades nacionales, provinciales, municipales e internacionales, fueran públicas, privadas y/o mixtas, que contribuyan a la optimización de las potencialidades formativas de la Escuela de Abogados del Estado Provincial”.