COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En horas del mediodía del miércoles se desarrolló en sede de la Procuración General Adjunta un encuentro entre el Procurador Adjunto, Emilio Porras Hernández y todos los fiscales generales de la ciudad de Comodoro Rivadavia. En general se realizó un repaso de la gestión y se ponderó como resultado positivo del primer semestre: sesenta sentencias condenatorias, 232 suspensiones de juicio a prueba y 495 causas con acusación presentada, es decir en etapa de audiencia preliminar.
El motivo del evento fue realizar un balance de la actividad en este primer semestre del año, como también la evaluación conjunta de la evolución de las investigaciones penales en trámite, entre otros.
Además del Procurador Adjunto participaron Juan Carlos Caperochipi, fiscal jefe; y los fiscales generales Camila Banfi, Adrián Cabral, Cecilia Codina, Héctor Iturrioz, Julio Puentes, Martín Cárcamo y Mónica García.
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En general se realizó un racconto de la gestión, a modo de rendición de cuentas a la sociedad, ponderando como resultado positivo del primer semestre: sesenta sentencias condenatorias, 232 suspensiones de juicio a prueba y 495 causas con acusación presentada, es decir en etapa de audiencia preliminar.
Asimismo, otro de los temas abordados fue la necesidad de motivar al recurso humano existente en el Ministerio Público Fiscal con el objeto de hacer más eficiente la tarea investigativa, es decir, brindar una capacitación permanente, asignación de tareas y supervisión del personal a cargo de cada fiscal.
Los delitos cometidos con armas de fuego también fueron abordados por los fiscales en la reunión, traídos por el fiscal Iturrioz, tomando como norte los criterios de Política Criminal emanados de la Procuración respecto de no consentir la aplicación de soluciones alternativas en causas de tenencia o portación de armas de fuego.
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Dichos criterios se encuentran enmarcados en un principio de prevención general positivo, dado que “en los últimos años, la importante proliferación de armas de fuego ilegales ha dado lugar a un sensible incremento de delitos cometidos con extrema violencia, que afectan los bienes jurídicos más importantes, poniendo en vilo la seguridad pública y la paz social”.
