El hombre fue detenido en 1971 por orden del Juzgado Federal de Bell Ville y quedó alojado en un hospital psiquiátrico.

Hace 47 años lo detuvieron por lesiones leves y se olvidaron de liberarlo

CÓRDOBA (ADNSUR) - Miguel Arroyo fue detenido en 1971 por orden del Juzgado Federal de Bell Ville, quedó alojado en un hospital psiquiátrico y nunca más fue liberado, informó la Voz del Interior.

Cuando fue detenido Arroyo tenía 22 años, levantaba paredes de edificios y cosechaba en el campo, pero tuvo la mala suerte de trabajar en Córdoba y de encontrar en su camino al entonces juez federal subrogante de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuesta.

Es que aquel magistrado ordenó su procesamiento y encierro en el hospital psiquiátrico Emilio Vidal Abal por lesiones leves. Sin embargo, Arroyo, más de 47 años después, sigue procesado y encerrado, superando el récord del psicópata y múltiple asesino Carlos Eduardo Robledo Puch, quien está preso desde el 4 de febrero de 1972.

La falta de memoria de un juez federal y de sus colaboradores más el desinterés institucional de un “loquero” convertido en depósito de seres humanos contribuyeron a que el muchacho desapareciera para ser un prisionero, un loco más, sin nombre.

Debieron transcurrir 47 años para que se visualizara un interés humanitario por esa gente depositada en la Colonia Vidal Abal, en especial por Arroyo, el menor de una familia diezmada por el paso de los años que hoy no tiene otro lugar para ir a vivir, pese a ser considerado “una persona normal”.

UNA ASISTENTE PREOCUPADA

La voz de alarma para que “salte” un caso inédito en la historia judicial argentina la dio la asistente social Consuelo Bisconti. La licenciada en Trabajo Social que forma parte del equipo interdisciplinario de la Unidad Asistencial 10 se mostró interesada y preocupada por un paciente de conducta normal, y al revisar la ficha de ingreso, se dio con la increíble realidad: Arroyo estaba procesado en una causa penal identificada como 2-A-75.

Mayúscula fue la sorpresa del flamante juez federal de Bell Ville, Gerardo Pinto, al recibir una llamada de la profesional para consultarle por el estado procesal de Arroyo. El magistrado dio participación al defensor público oficial Mauricio Zambiazzo y ambos realizaron diligencias en la institución de salud mental donde hay alojados unos 420 pacientes, en su mayoría por adicciones. Pudieron conocer a Arroyo. Y los informes de los profesionales fueron contundentes: “El estado de salud es estable, no presenta patologías, se maneja solo, puede comer e ir al baño, no tiene fiebre, los signos vitales están dentro de los valores normales. En palabras médicas diuresis y catarsis positiva, camina, deambula, se alimenta por sus propios medios, circunstancias que en un geriátrico son positivas”.