Fuerzas Armadas podrán detener civiles en flagrancia: ¿De qué se trata la nueva medida del Gobierno?
A través de las redes sociales, el ministro Petri defendió la medida y reabrió un histórico debate sobre el rol de los militares en tareas de seguridad interior, tradicionalmente reservadas a las fuerzas policiales.
El Ministerio de Defensa, bajo la conducción de Luis Petri, formalizó mediante una resolución administrativa la autorización para que efectivos militares realicen detenciones transitorias de civiles sorprendidos en flagrancia delictiva en zonas fronterizas. La medida, enmarcada en el Operativo Roca, busca reforzar el control en áreas estratégicas del norte argentino, particularmente afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado.
La disposición habilita al personal militar a “aprehender transitoriamente” a individuos cometiendo delitos in fraganti, con la obligación de informar “inmediatamente” a fuerzas de seguridad, jueces o fiscales.
Petri fundamentó la decisión en el Código Procesal Penal, que permite a cualquier ciudadano o autoridad realizar detenciones en casos de flagrancia. Sin embargo, la medida reabrió un histórico debate sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior, tradicionalmente reservadas a fuerzas policiales.
La Resolución 347 se sustenta en el Decreto 1112/2024, vigente desde diciembre de 2024, que amplió el rol militar al redefinir “amenazas transnacionales”, incluyendo a grupos narcocriminales y terroristas con base extranjera. Esto habilita la cooperación con fuerzas de seguridad en “áreas sin pasos fronterizos oficiales” y núcleos urbanos limítrofes. Petri defendió la medida al compararla con políticas de países vecinos como Chile y Brasil, que integran a sus ejércitos en controles fronterizos, y mencionó el reciente anuncio de Estados Unidos sobre el uso de tropas en su frontera sur.
La medida generó un intenso debate. Sectores oficialistas destacaron la necesidad de “medidas drásticas” frente al avance del crimen organizado, mientras organizaciones de derechos humanos y juristas alertaron sobre riesgos de militarización y posibles excesos.
Exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy cuestionaron la legalidad de la disposición, argumentando que colisiona con la Ley de Seguridad Interior, que limita el rol militar en operativos internos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió la decisión ante las críticas que surgieron después de tomar estado público la noticia: “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de qué lado van a estar”.
“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y de la nación. Solo el sesgo ideológico canceló y maniató a nuestras fuerzas”, agregó el funcionario.
“Todos los países limítrofes con Argentina usan a sus fuerzas armadas para el control y vigilancia de sus fronteras, Estados Unidos lo acaba de anunciar en enero, ¿por qué acá algunos se escandalizan?”, cerró.
