Fraude en la emergencia climática de Comodoro: Rechazaron la ‘probation’ para empresarios y ex funcionarios municipales
Los pedidos de suspensión de juicio a prueba planteados por la defensa de los 13 imputados en la investigación por emergencia climática en la ciudad fueron rechazados en su totalidad. A fines de junio, la causa quedará encaminada para un juicio oral y público.
Los pedidos de suspensión de juicio a prueba planteados por la defensa de los 13 imputados en la investigación por emergencia climática en Comodoro Rivadavia fueron rechazados en su totalidad, por lo que a fines de junio, una vez que concluya la etapa de impugnación, la causa quedará encaminada para un juicio oral y público. El fiscal Héctor Irurrioz reiteró su convicción de que la defraudación al municipio en 2017 fue del orden de los 900.000 dólares, por lo que su estimación
“Ya concluyó lo que estaba previsto para esta etapa y se rechazaron todos los pedidos de suspensión de juicio a prueba, a pedido de la fiscalía y como las defensas anticiparon que van a impugnar, se prorrogó hasta fin de mes la clausura de esta audiencia, en la que sólo resta el ofrecimiento de prueba”, describió el fiscal, en diálogo con Actualidad 2.0.
Según detalló, los empresarios ofrecieron reparaciones de 8 ó 10 millones de pesos, según los casos, en tanto no todas las empresas presentaron esta opción, por lo que el fiscal reiteró el rechazo ya que sólo estaba dispuesto a aceptar el ofrecimiento en caso de que éste alcanzara la suma presuntamente defraudada, que a valores de hoy se ubica en torno a los 200 millones de pesos.
“Los ex funcionarios también pidieron acogerse a ese beneficio, pero no les corresponde y fue rechazado”, detalló en relación a Rubén Palomeque y Abel Boyero, entre otros que tenían cargos políticos pese a ser empleados de planta. “Hay otras dos personas que fungían como supervisores, nadie sabe explicar por qué personas ajenas a la municipalidad actuaban como funcionarios públicos”, describió.
Para los empresarios involucrados, la imputación es por fraude contra la administración pública, en el que los funcionarios tuvieron una participación necesaria, además de la imputación de falsificación de instrumento público, “porque ellos hicieron asientos de trabajos que en realidad no correspondían, porque sabían que era falso”.