RÍO NEGRO (ADNSUR) - La fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, pidió el desalojo de 133 familias que ocupan dos predios del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la localidad del El Bolsón.
La ocupación del lugar en pocas horas había generado las protestas de los vecinos, pero la fiscal había argumentado en un primer momento que no se trataba de un delito penal porque había sido en forma pacífica.
Ahora, Little le solicitó al juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, el desalojo de 133 familias que se encuentran asentadas en dos predios del (INTA), a la vera del acceso al mirador Cabeza del Indio, según informó el sitio fiscales.gov.ar
Asimismo, la fiscal requirió que se notifique a las Secretarías de Desarrollo Social y de Tierras de la Municipalidad de El Bolsón, al Ministerio de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de la Provincia de Río Negro y al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que una vez cumplida la medida, brinden alojamiento a las personas.
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El intendente del El Bolsón, Bruno Pogliano, había reclamado el desalojo para recuperar estas 60 hectáreas de reserva forestal del Instituto de Tecnología Agropecuaria y había denunciado que algunos lotes ya se habían comenzado a revender en redes sociales, informó La Nación. "Hay necesidades, pero también huele a negocio detrás", había dicho Pogliano.
El 24 de agosto, la fiscal convocó a una reunión de conciliación entre los ocupantes, las autoridades del INTA y el intendente, pero fue imposible llegar a un acuerdo porque los intrusos se negaban a abandonar el lugar.
Por ello, la fiscalía, a pedido del INTA, requirió el desalojo del lugar "al constatar la existencia de un delito", ya que "los ocupantes invadieron un sector de tales lotes (la vera del camino de acceso a Cabeza del Indio) en forma clandestina, habiendo llegado hasta allí por el bosque o por caminos clandestinos, puesto que no lo hicieron por el único acceso al lugar desde que este se encuentra custodiado, como se dijera, por personal del destacamento de Loma del Medio". Agregó que "también se acreditó que el proceder subrepticio fue materializado de modo tal que no solo los cuidadores del INTA no los vieron, sino que tampoco fueron observados por los vecinos de la zona o, incluso, por la custodia especialmente dispuesta al efecto".
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"Negar una asistencia habitacional adecuada a las personas que componen el grupo de 133 familias que ilegítimamente se asentaran en dicha Reserva no es sino omitir dar una solución real e integral al problema", argumentó la fiscalía.
Por eso, la fiscal sostuvo ahora que "no existen dudas aquí que estamos en presencia de un delito, puntualmente, del tipo penal previsto por el art. 181, inc. 1° del CP [Código Penal], puesto que aquéllas 133 familias ingresaron clandestinamente a los predios de propiedad del INTA y se instalaron allí, reclamando como propias las porciones de terreno que, cada quién, unilateralmente demarcó para sí". Además, la fiscalía advirtió que los "ocupantes han desmantelado parte de la flora silvestre (protegida por estar dentro de una reserva forestal" para hacer leña y calefaccionarse, causando un serio impacto ambiental en el lugar".