Explotación y horror: trabajaban sin agua ni luz, dormían sobre pallets en carpas y les pagaban $150.000 al mes

En un operativo de fiscalización realizado este pasado jueves en la ciudad de Añatuya, ubicada en el departamento General Taboada de la provincia de Santiago del Estero, se descubrió un alarmante caso de trata de personas con fines de explotación laboral. 

La investigación, llevada a cabo por la Dirección General Impositiva (DGI), dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), reveló condiciones de trabajo y vida inhumanas en tres establecimientos dedicados a la producción de carbón vegetal, donde al menos diez trabajadores, incluidos dos menores de edad, eran sometidos a un régimen de esclavitud moderna.

El operativo de inspección tuvo lugar tras denuncias anónimas recibidas por la ARCA y la Secretaría de Trabajo de la provincia, que alertaron sobre posibles irregularidades en la explotación laboral en el sector rural. En conjunto, agentes de la Dirección Regional Tucumán de la DGI, la Secretaría de Trabajo provincial y el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) realizaron una exhaustiva revisión de las condiciones laborales y habitacionales en tres establecimientos dedicados a la producción de carbón vegetal, actividad que requiere largas jornadas de trabajo físico intenso.

Durante la inspección, los funcionarios constataron que los trabajadores vivían en condiciones deplorables: dormían en carpas improvisadas, montadas sobre pallets de madera directamente sobre la tierra, sin acceso a servicios básicos como baños, agua potable ni energía eléctrica. Estas condiciones no solo vulneran derechos laborales básicos, sino que también afectan gravemente la salud y dignidad de las personas.

GRAVES CONDICIONES LABORALES 

Entre los trabajadores rescatados había dos adolescentes de 15 y 16 años, lo que agrava aún más la gravedad del caso, al tratarse de explotación infantil. Todos los empleados percibían remuneraciones que oscilaban entre los 150.000 y 200.000 pesos mensuales, montos claramente insuficientes para cubrir una vida digna y muy por debajo de lo que estipula la ley para actividades rurales. Además, las jornadas laborales eran extenuantes, con solo un día de descanso cada veinte, lo que implica un régimen de trabajo casi continuo y sin pausas adecuadas para la recuperación física y mental.

Para empeorar la situación, los empleadores realizaban descuentos en los salarios por la comida que les proporcionaban a los trabajadores, práctica ilegal que profundiza la explotación y precarización laboral. La falta de acceso a servicios básicos, la vivienda precaria y la ausencia de derechos laborales elementales configuran un cuadro de servidumbre moderna y trata de personas, tipificada como delito en la legislación argentina.}

INTERVENCIÓN JUDICIAL Y PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Tras el relevamiento de las condiciones y la recopilación de testimonios de las víctimas, se radicó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo del juez Guillermo Daniel Molinari. La causa cuenta con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos, que trabaja en la protección y asistencia integral de las víctimas, especialmente de los menores involucrados.

El caso fue encuadrado dentro del Protocolo Único de Articulación (PUA), un mecanismo interinstitucional del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Este protocolo establece procedimientos coordinados para la detección, denuncia, protección y asistencia a las víctimas, así como para la investigación y sanción de los responsables.

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica y psicológica, y se encuentran bajo resguardo para garantizar su seguridad y derechos. Las autoridades continúan con la investigación para identificar a todos los responsables y desarticular las redes de explotación laboral involucradas.

CÓMO DENUNCIAR UN CASO DE EXPLOTACIÓN LABORAL

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene abiertos diversos canales para recibir denuncias anónimas sobre trata de personas, explotación infantil y servidumbre, disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. Las denuncias pueden realizarse a través del teléfono 0800-999-DENU (3368), opción 3, por correo electrónico a [email protected], o de manera presencial en las oficinas del organismo.

Asimismo, la Secretaría de Trabajo y el RENATRE trabajan en conjunto para intensificar las inspecciones en el sector rural y promover campañas de concientización sobre los derechos laborales y la prevención de la trata de personas.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a través del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas, reafirma su compromiso en la implementación de políticas públicas integrales que permitan la detección temprana, la protección efectiva de las víctimas y la persecución penal de los responsables.

Con información de 0223, editada y redactada por un periodista de ADNSUR