La “causa IPV II” investiga una asociación ilícita que a cambio de grandes sumas de dinero adjudicaban viviendas sociales, sorteando el normal procedimiento para la entrega de las casas, entre otros delitos.

El fiscal Héctor Iturrioz confirmó a ADNSUR que se realizó una audiencia de la ampliación de la apertura en la causa IPV II, ya que además de las imputaciones a Griselda Jonas y Maximiliano González,  se sumaron nueve imputados más.  “Se le leyeron los hechos por los cuales van a ser investigados” durante la audiencia y se confirmó el 11 de junio como fecha para la finalización de la investigación penal preparatoria.  

“Empezamos por una denunciante, después había 10 damnificados y terminaron siendo más de 200 los damnificados”, recordó sobre la denuncia por venta de planes de vivienda del Instituto Provincial de Vivienda (IPV).

La imputación es  por asociación ilícita para 10 personas personas y para Claudio Brites y Daniel Villagrán como "organizadores".  El jefe de la banda, señalado como Maximiliano González, era el único funcionario dentro del IPV que se pudo corroborar que participaba de la asociación con la venta de adjudicaciones.

El fiscal Héctor Iturrioz lleva adelante la investigación por las estafas a más de 200 personas. Foto: archivo
El fiscal Héctor Iturrioz lleva adelante la investigación por las estafas a más de 200 personas. Foto: archivo

 CÓMO REALIZABAN LA ESTAFA

González conocía a tres de los imputados y comenzó a incorporar vendedores que "tenían un gerente intermedio para él quedar afuera", explicó el fiscal.  Brites y Villagran  incorporaban a cinco o cuatro vendedores, quienes decían tener un contacto directo con Maximiliano Gonzalez que "tenía contactos estrechos con altos mandos" y proporcionaban planillas de inscripción del IPV. 

Y cuando había dudas del negocio daban resoluciones apócrifas firmadas por funcionarios del IPV e incluso por el propio gobernador, Mariano Arcioni. “Las firmas de las más altas autoridades” para poder sustentar su negocio.

Muchas de las víctimas dicen que hay personas que les entregaron viviendas "de esta forma".  Sin embargo, Iturrioz indicó que esto no ha sido corroborado hasta el momento. 

Finalmente, indicó que en esta última etapa se estaba trabajando en ubicar bienes, dado que hay conocimiento de otro delito como es el  “lavados de activos” porque hay conocimientos ciertos de personas que hicieron grandes inversiones a nombres de otros.

EXTORSIÓN EN LA SALADITA

Sobre la denuncia a Ruth Torres, feriante de La Saladita, por extorsión a raíz del cobro de un “seguro” a otros puesteros para pagar el servicio de policiales adicionales. El fiscal comodorense  indicó que  “Tenemos secuestrado un montón de libros de actas y un montón de cuadernos con registros contables y  recibos , eso vamos a tener que hacer una pericia contable para determinar cuánto se cobraba. Hay recibos de mil pesos o de quinientos”.

Adelantó sobre los pasos a seguir de la investigación, que lo más relevante en los próximos días, será la pericia al teléfono celular y hacer un raconto sobre la información encontrada en el allanamiento.