COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) -  La Justicia resolvió este martes prorrogar el plazo de investigación en la “causa IPV II”,  en la que se investiga una asociación ilícita que a cambio de grandes sumas de dinero adjudicaban viviendas sociales, sorteando el normal procedimiento para la entrega de las casas, entre otros delitos.

El fiscal Héctor Iturrioz indicó a ADNSUR que si bien la causa “está casi cerrada” porque se ha logrado “descubrir cómo era la maniobra completa y  quienes eran los integrantes”, se solicitó una extensión por tres meses del plazo de investigación. 

Maximiliano González, sindicado como “el jefe de la banda”, continuará detenido  por tres meses y se estableció la  libertad con presentaciones periódicas ante la autoridad Judicial a la coimputada Griselda Jonás,  así precisó el fiscal sobre lo resuelto en la audiencia del martes.

Las viviendas eran entregadas en forma directa a cambio ed dinero. Foto: archivo
Las viviendas eran entregadas en forma directa a cambio ed dinero. Foto: archivo

Iturrioz recordó que “cuando esta denuncia se inició había una denunciante y tres/cuatro víctimas identificadas pero hoy son cerca de 200”,  y además, anunció que “ se va a ampliar el número de imputados que va a llegar a una decena por lo menos. En total van a hacer 11”. Sobre estos nuevos imputados,  “hay de todo”, contestó ante la pregunta si son trabajadores del IPV.

Y destacó que “El delito más grave es asociación ilícita", e indicó que la pena mínima por este tipo de delitos es de 5 años y lo máximo de 30 a 40 años de prisión.

Por otro lado, contó que las víctimas son familias  todas de una condición económica “muy vulnerable”. Y que si bien se presentaron casi 200 creemos que “no son menos de 700” los damnificados.