Esta semana resolverán la acusación contra dos fiscales y dos jueces en Comodoro

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR / INFORME EXCLUSIVO) - El Consejo de la Magistratura sesionará entre miércoles y jueves en Comodoro Rivadavia, para resolver las acusaciones que pesan contra el juez Gustavo Toquier, por un lado, mientras que en otro sumario se evaluará la situación de los fiscales Héctor Iturrioz, Marcos Nápoli y el juez Sergio Piñeda, por su conducta en la causa “Revelación”.  En todos los casos está abierta la posibilidad de iniciar juicios de destitución, aunque las decisiones podrían postergarse.

El juez de Ejecución Gustavo Toquier afronta un nuevo sumario. Este es consecuencia de una sanción anterior, que derivó en una suspensión temporal aplicada por el Superior Tribunal de Justicia, luego de que fuera cuestionada su conducta durante el concurso preventivo de la empresa Oil Combustibles, de Cristóbal López.

Como consecuencia de ese primer proceso, la corte provincial requirió al Consejo de la Magistratura que evalúe una serie de conductas que fueron reprochadas al mismo juez –durante la misma etapa instructoria-, de las que hoy la consejera sumariante intentará exponer sus conclusiones.

Sin embargo, es posible que esa instancia definitoria se postergue. Esto es a raíz de un nuevo recurso de amparo interpuesto por el magistrado, quien cuestiona que los plazos para el sumario se encuentran vencidos (el nuevo proceso comenzó en agosto de 2018). El mismo planteo había formulado en febrero de este año, pero la Cámara de Apelaciones entendió que no le asistía la razón y dio luz verde para continuar adelante con el sumario, en el mes de abril. Según detallaron fuentes del Consejo de la Magistratura ante ADNSUR, ahora el pleno de consejeros debe resolver si espera una vez más a que  la Cámara de Apelaciones se expida, o si sigue adelante con la exposición de las conclusiones del sumario.

Si se resuelve esta última opción, el sumario a presentar resultaría concluyente en al menos una de las acusaciones que se plantearon contra el juez. De un total de 5 conductas investigadas, 4 fueron descartadas como causales de sanción. Sin embargo, sí se sostuvo el cuestionamiento por haber actuado “como juez y parte”, según las conclusiones de la sumariante, en una serie de resoluciones que involucraban a una empresa de carácter financiero, en la que la esposa del magistrado tendría participación accionaria.

“Como el juez tomó decisiones para ejecutar algunos créditos impagos, esa resolución le favoreció indirectamente por beneficiar a su sociedad conyugal”, se explicó desde el seno del Consejo. Esta es al menos la argumentación del sumario, lo que deberá ser evaluado por todos los consejeros y resolver si hay fundamentos para sostener la acusación y, en tal caso, si cabe una sanción de tipo administrativo o si se debe iniciar un juicio para remover al juez de su cargo.

Vale recordar que el mismo magistrado afronta un proceso penal, llevado adelante por la fiscal Verónica Dagotto, a partir de la derivación que tuvo su actuación en la causa de Oil Combustibles (independientemente de la sanción administrativa ya aplicada). También en esa vía, la fiscalía apunta a una pena que derive en la destitución del juez, según lo planteado en la audiencia preliminar, en la que se lo acusó por los presuntos delitos de “prevaricato” y “retardo de justicia”.

La detención de Bortagaray en la causa Revelación

El otro sumario que será tratado en esta sesión del Consejo de la Magistratura se vincula a la situación de los fiscales y el juez de la Causa “Revelación”. Los tres son cuestionados por la detención de Martín Bortagaray cuando todavía era ministro de Familia y como tal, estaba protegido por fueros que garantizan inmunidad. Esto significa que no se puede detener al funcionario público, según la Constitución Provincial, salvo que se lo encuentre cometiendo un delito en flagrancia. Esa inmunidad, vale aclarar, no impide la investigación penal y posterior quita de los fueros por parte de los eventuales involucrados.

En este caso, la conclusión del sumario reparte responsabilidades en modo diferente: se solicita una sanción administrativa para el juez interviniente, mientras que para los fiscales se solicita el inicio del juicio de destitución. Una vez expuestas las conclusiones del sumariante, el pleno del Consejo deberá resolver si adopta el mismo criterio del sumariante, o si toma otra decisión. La sesión del jueves promete ser caliente, ya que el fiscal Iturrioz solicitó hacer uso de su derecho a réplica contra la acusación, lo que llevará los plazos de definición hasta la próxima sesión del Consejo.