ESQUEL - A partir de una demanda laboral un grupo de abogados inició una serie de decomisos y secuestros de bienes y maquinaria que motivó una denuncia penal por estafa procesal

La maniobra -que forma parte de un expediente a cargo Juzgado Civil, Comercial y Laboral de la Circunscripción Judicial del Noroeste del Chubut con asiento en Esquel- es que ordenaron que se subasten a precios irrisorios elementos que pertenecen a otra empresa, según apunta Jornada.

Es decir: por una demanda de trabajadores remataron a valores ínfimos gran cantidad de bienes que no pertenecen a la empresa demandada, sino a otro expediente, y que lo único que tienen en común ambos es que son manejados por el mismo estudio de abogados.

Según la información que aporta Ámbito Financiero, todas las firmas involucradas pertenecen al Grupo Indalo (del empresario Cristóbal López), pero se encuentran inhibidas desde 2016, a raíz de la causa Oil Combustibles.

De esta forma, la Justicia chubutense estaría desapoderando de activos a espaldas de la Justicia federal con asiento en Capital Federal, a quien deberían pedirle autorización para avanzar.

CÓMO FUERON LAS MANIOBRAS IRREGULARES

El cimbronazo que sufrió el Grupo Indalo con la quiebra de Oil Combustibles -y todo el proceso judicial que hoy está en la mira por presuntas irregularidades- sacudió también a otra empresa del grupo, el Establecimiento Santa Elena SA, en 2017, lo que motivó distintas demandas laborales.

En Chubut, el encargado de llevar adelante las maniobras fue José María Venancio, presidente del Colegio de Abogados de Esquel, junto a su socio en el estudio Azparren-Vernengo, Carlos Juan Azparren. Todas las causas recayeron ante la jueza Alicia Catalina Arbilla, quien adoptó las decisiones que motivaron una contradenuncia penal, apunta Jornada.

En la causa denominada “Errasti”, el monto de la sentencia laboral fue de poco más de $ 14 mil, pero para poder cobrar se secuestró un generador Caterpillar que utilizaba la empresa dentro de un contrato de locación. El bien se terminó subastando en $ 97 mil, cuando su valor de mercado ronda los 120 mil dólares, unas 200 veces más que el valor obtenido. Pero ese generador correspondía a otra empresa, Ganadera Santa Elena SRL, algo que no fue constatado porque, en el apuro para realizar la venta, no se solicitó la titularidad registral.

La denuncia penal investiga la estafa bajo el expediente N° 50322, a cargo de la Fiscal María Bottini, Oficina Fiscal Esquel, quien podría imputar en los próximos días al abogado Venancio.

El martillero que hizo la subasta declaró que cuando lo convocaron a ver el generador que iba a rematar, este estaba situado en un predio perteneciente a Elías Silvano Simeoni. Fue justamente quien días después terminó como el “comprador” en la subasta, a un precio 200 veces menor. Simeoni es a la vez el “testigo” que ha presentado Venancio de manera constante en otras demandas laborales contra Santa Elena. Solamente el costo de haber trasladado un generador que no pertenecía a la empresa demandada fue de $ 35 mil, casi el doble que la sentencia laboral que se pretendía cobrar.

Pero a todo esto, y ante la Justicia, la jueza de paz de Gobernador Costa, Nabila Urra Camarda, declaró que todos los secuestros de los bienes fueron organizados y manejados por Venancio, sin controles externos, pero sobre todo que tuvieran relación con los montos de las demandas, algo que, reconoció, no se debería haber hecho, aunque lo consintió.

En otra causa “González”, el demandante cambió de empleo y se mudó, pero inició demanda dos meses después a través de Cartas Documento que debían haberse enviado antes. Nuevamente, se secuestraron bienes por montos exorbitantes respecto a una potencial sentencia y también pertenecientes a Ganadera Santa Elena, otra firma de Indalo y sin aviso a la Justicia federal de Comodoro Py. En esa causa, los abogados lograron frenar otra estafa procesal en ciernes. Pese a todo lo que ya se encuentra en expedientes paralelos, la jueza Arbilla sigue dilatando una devolución de los bienes, algo que podría también apuntar a una irregularidad procesal.

Venancio y Azparren se presentaron en un tercer expediente, donde solicitaron otros embargos con el mismo modus operandi respecto de lo que quedaba en poder de Establecimiento Sana Elena con el objetivo de que sea vendido. Habían propuesto a la Justicia desmantelar estructuras edilicias de la empresa, algo nunca visto para una demanda laboral y que, ante el escándalo, impidió que ese embargo fuese consumado.

La propia Justicia chubutense está ahora detrás de estas maniobras e investigando si el grupo de abogados opera para su propio beneficio y con connivencia judicial.

Fuente: Ámbito Financiero / Jornada