Escándalo judicial en Chubut: la Asociación de Magistrados evalúa presentar un amparo contra el Superior Tribunal por ocultamiento de información

En medio del creciente escándalo por los sobresueldos, los pasajes aéreos, la compra de vehículos de alta gama y las contrataciones discrecionales en el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial analiza avanzar judicialmente contra los ministros del máximo órgano judicial de la provincia.

Este martes, en una asamblea extraordinaria, se definirá si se presenta un recurso de amparo por mora, ante la falta de respuesta al pedido de informes formulado semanas atrás y que, según indicó la jueza Carina Estefanía, ya venció en los plazos legales.

En diálogo con Actualidad 2.0, Estefanía (ex presidenta e integrante actual de la Asociación) aseguró que el conflicto “ha escalado gravemente”, con múltiples facetas que no sólo refieren a beneficios personales como sobresueldos por fuera de la ley de porcentualidad, pasajes aéreos y aumentos en viáticos, sino también a designaciones de allegados sin concurso y un “ocultamiento sistemático de las acordadas” que habilitaron estos privilegios.

“La actitud del Superior Tribunal es abiertamente anti-republicana. No sólo incumple con la Ley de Acceso a la Información Pública, sino que además decidió acatar la intervención de la Secretaría de Trabajo, un organismo del Poder Ejecutivo. Es decir, resignaron sus funciones administrativas en favor de otro poder, algo inédito y gravísimo desde el punto de vista institucional”, advirtió.

Una práctica secreta que “no era conocida”

Sobre el argumento esgrimido por algunos exfuncionarios, en torno a que los sobresueldos y fondos “reservados” se aplicaban desde una acordada de 1989, Estefanía fue tajante: “yo desconocía totalmente esa acordada. Y si seguía vigente, quedó automáticamente derogada con la sanción de la ley de porcentualidad. Lo que hizo ahora el Superior Tribunal fue ampliarla a todos sus miembros y aumentar los porcentajes. Si se siguió aplicando durante años en secreto, entonces la ilegalidad viene de antes”, argumentó.

También subrayó que el desconocimiento general dentro del Poder Judicial sobre estos pagos da cuenta del carácter “clandestino” con el que se manejaron esos recursos: “si lo hubiéramos sabido antes, lo habríamos denunciado. Siempre que hubo manejos discrecionales, como los intereses generados por la tasa de justicia, los cuestionamos”, apuntó.

Preocupación por persecución interna

La magistrada denunció además un nuevo hecho que agrava el clima dentro del Poder Judicial: la desvinculación de dos trabajadoras del área de prensa del Superior Tribunal, a raíz de “críticas privadas expresadas en chats personales contra el presidente del Superior Tribunal”, según planteó la magistrada.

“Estas personas fueron trasladadas a otras dependencias por comentarios en WhatsApp. Es muy grave. Esto demuestra que además de opacidad, hay un intento de disciplinamiento interno que vulnera la libertad de expresión”, sostuvo Estefanía.

Consultada sobre una eventual denuncia por mal desempeño o juicio político contra los miembros del Superior Tribunal, Estefanía fue prudente pero no descartó la posibilidad: “no soy yo quien debe juzgar eso, pero sí insisto en que la gravedad institucional es enorme. El Poder Judicial está en crisis y urge que los responsables den señales claras de que buscan una salida. La ciudadanía ya se ha expresado: repudia estos privilegios”.

Finalmente, recordó que las medidas de fuerza impulsadas por el gremio judicial no son producto de un reclamo sectorial aislado, sino una reacción directa ante las decisiones unilaterales del Superior Tribunal, que rompieron el diálogo en curso.