Escándalo en la cúpula judicial de Chubut: la Asociación de Magistrados pide explicaciones por posibles aumentos salariales encubiertos en el Superior Tribunal
El planteo apunta a determinar si existen "gastos reservados" que eluden el sistema de “enganche” salarial que rige en todo el Poder Judicial.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut presentó un pedido formal al Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que aclare si sus ministros, el Procurador General y el Defensor General están recibiendo pagos adicionales que no se reflejan en la estructura salarial oficial.
La solicitud, fechada el 23 de mayo de 2025 y dirigida al presidente del STJ, Dr. Javier Raidan, se basa en la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley I N° 156). Está firmada por el presidente de la Asociación, Claudio Alejandro Petris, y la secretaria Marcela Pérez Bogado.
La Asociación pide un detalle completo de todos los conceptos que integran los sueldos de los ministros del STJ, el Procurador General y el Defensor General. En particular, solicita saber si existen pagos realizados “con recibo o fuera” del esquema salarial habitual, si hay fondos de “gastos reservados” que se distribuyen entre los ministros, y cómo se determinan los viáticos diarios.
Uno de los puntos más sensibles del pedido es la posible reactivación de un viejo acuerdo plenario —el N° 2797/89— que otorgaba un 10% adicional a los ministros del STJ. Según la Asociación, este plus fue derogado por la Ley I N° 301, conocida como la Ley de Porcentualidad Judicial, que establece un principio clave: todos los sueldos del Poder Judicial deben calcularse como un porcentaje del salario total de un ministro, incluyendo todos los conceptos remunerativos.
Lo que busca saber la Asociación es si, al existir sueldos no declarados o basados en gastos reservados, se está evadiendo el ‘enganche’ o pago proporcional hacia el resto de la pirámide judicial.
¿Por qué es importante la Ley I N° 301?
Esta norma garantiza que cualquier mejora salarial en la cúpula del Poder Judicial se traslade automáticamente al resto de los jueces, fiscales, defensores y empleados judiciales. Es decir, si un ministro recibe un aumento, ese incremento debe reflejarse proporcionalmente en toda la estructura judicial.
Por eso, si los ministros están recibiendo pagos adicionales que no se incluyen en el cálculo base —como un 10% extra reactivado por acuerdos plenarios recientes (Nros. 5456 y 5468)—, se estaría violando el principio de enganche. En otras palabras, se trataría de un aumento encubierto, ya que no se replica en el resto del escalafón judicial.
Nombramientos sin concursos
La Asociación no acusa directamente, pero sí plantea dudas serias sobre la legalidad y transparencia de ciertos pagos. El objetivo del pedido es verificar si se están respetando las normas vigentes y si los sueldos de los altos funcionarios judiciales se ajustan al marco legal que rige para todo el Poder Judicial.
En definitiva, el planteo apunta a un principio básico: que la justicia también rinda cuentas, y que los beneficios no se concentren en la cima del sistema, escapando al control del resto.
Otro de los alcances del pedido de informes es en relación a posibles nombramientos sin concurso. El punto A de la nota requiere, directamente, el “listado de nombramientos y ascensos en el Poder Judicial, excluyéndose a los Ministerios Públicos, que se han realizado sin concursos, a partir del 1 de enero de 2025 a la fecha, con las respectivas resoluciones que respaldan dichas decisiones”.
