En la investigación inicida por el fiscal también están imputados el exdirector de la Gendarmería Gerardo José Otero, el exdirector de Logística de la Gendarmería Rubén Carlos Yavorski y el exdirector de Operaciones de la institución Carlos Miguel Recalde, así como al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez García.

El delito que se les imputa es el de "contrabando agravado", apunta Télam, en el marco de una infracción del Código Aduanero, por lo que la investigación será trasladada al juez en lo penal económico Javier López Biscayart.

El lunes, el Gobierno argentino presentó una denuncia contra Macri y los otros funcionarios por el "envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional".

El ministro de Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció la semana pasada que el Gobierno de Macri envió armas al país vecino y que se usaron durante las protestas de 2019. Según una carta del jefe de la Fuerza Armada de Bolivia, Jorge Gonzalo Terceros, al embajador de Argentina en la nación andina, Normando Álvarez, en la que "agradece la colaboración", Bolivia recibió 40.000 cartuchos y cerca de 150 granadas de gas, entre otros.

Según Mayta, después de que llegara este material a Bolivia, "se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata". Más de 25 personas fallecieron durante la represión de las protestas a favor del expresidente Morales en estas dos localidades, ubicadas en Cochabamba y El Alto, respectivamente, mientras que más de un centenar resultaron heridas. En un informe preliminar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya calificó la represión en ambas ciudades de "masacres".

Con información de Télam y La Nación