La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó al borde del procesamiento por encubrimiento agravado al expresidente del Banco de Santa Cruz, Miguel Ángel Malatesta. El Ministerio Público Fiscal le imputa haber ayudado con información reservada del expediente al extitular del Banco Chubut, Ernesto Rey, investigado en el marco de esta causa.

En este expediente, además de Rey, se investiga a distintas personas –entre ellas a exfuncionarios de la gestión y al propio exintendente de Comodoro, Néstor Di Pierro- por evasión de impuestos, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. Nació de un informe de la Prefectura Naval Argentina de 2014, sobre posibles maniobras delictivas con ingreso de dólares falsificados al circuito comercial de Comodoro y localidades cercanas.

En otro orden, en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia la causa sigue activa. Sobre la base de los informes recopilados se analiza el llamado a declaración indagatoria de varios de los investigados.

Sobre la cuestión de Rey y según el MPF, en 2014 Malatesta recibió un oficio del Juzgado Federal de Comodoro que le pedía información sobre Rey. Se había levantado el secreto fiscal, tributario y bancario. Y Malatesta debía entregar resúmenes de cuentas, documentación, formularios, carpetas y legajos.

Una novedad reavivó Apadrinados,  la sensible causa que ya tuvo condenas a una banda que se dedicaba al narcotráfico e investiga vínculos entre la política, lavado de activos y evasión.
Una novedad reavivó Apadrinados, la sensible causa que ya tuvo condenas a una banda que se dedicaba al narcotráfico e investiga vínculos entre la política, lavado de activos y evasión.

También se le requería el detalle de Reportes de Operaciones Sospechosas, investigaciones por movimientos dudosos de fondos y maniobras de lavado de dinero; depósitos a plazo fijo en pesos y en moneda extranjera; operatorias de crédito; transferencias y giros; alquileres de cajas de seguridad; participaciones en fondos de inversión; compra venta de moneda extranjera y oro; créditos prendarios y adquisición de cualquier otro producto bancario.

El 8 de octubre de 2014, el exbancario habría llamado por teléfono al imputado para ponerlo sobreaviso de que estaban tras su rastro y ayudarlo a eludir la pesquisa.

Malatesta tuvo un primer procesamiento en 2015 que se anuló. Fue procesado por segunda vez en 2016 y de nuevo lo revocó la Cámara por no coincidir con la calificación legal. El tercer procesamiento fue en 2019 por encubrimiento simple. Y el cuarto, en 2019 ya con nueva prueba y por encubrimiento agravado.

Pero en noviembre de 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro declaró prescripta la acusación en su contra y sobreseyó a Malatesta.

Ahora, por unanimidad, los camaristas Daniel Petrone, Ana Figueroa y Diego Barroetaveña anularon esta decisión y devolvieron las actuaciones a Comodoro.

Casación consideró que tanto el Juzgado como el fiscal acertaron con la figura de “encubrimiento agravado”. La Cámara la desechó “con afirmaciones dogmáticas sin sustento y con incorrecta y parcializada valoración de las pruebas”.

Los camaristas porteños explicaron que la calificación más grave que se imputó a Malatesta se apoya en nueva evidencia, siempre en el marco de la pesquisa contra Rey por lavado de activos agravado.

El fallo deslizó que es probable que Malatesta supiera el delito que comtía, considerando el cargo que tenía y el tipo de información que manejaba. “Es particularmente relevante que no sólo detentaba el cargo de gerente general, sino también integrante del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo del Banco Santa Cruz S.A, por lo que la materia específica de dicho Comité trae consecuencias también en el marco del conocimiento de Malatesta respecto al alcance de la comunicación que efectuaba”.

El oficio judicial cuyo contenido le habría sido comunicado a Rey “daba cuenta que se trataba de una investigación que involucraba a funcionarios públicos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y solicitaba se informe vicisitudes con maniobras de lavado de dinero, respecto de una significativa cantidad de personas físicas y jurídicas por un plazo de casi dos  años”.

La investigación involucraba a funcionarios públicos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.
La investigación involucraba a funcionarios públicos de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Casación interpretó que la Cámara comodorense sobreseyó a Malatesta en base a la duda sobre su conducta. Pero en realidad para desvincularlo debió haber “certeza” sobre su falta de responsabilidad. En este sentido, debió pedir que se profundice la investigación, no cerrarla. Para Fiscalía, su sobreseimiento obstruía la pesquisa.

LA CAUSA

Apadrinados es la punta del iceberg de una causa que alcanzó uno de sus mayores coletazos en 2016. Un fallo del Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, que condenó con prisión efectiva a 15 miembros de una banda dedicada al narcotráfico de cocaína y marihuana en esta ciudad y en Esquel, tildó como “sumamente llamativo y a la vez preocupante” la “fluidez de comunicación” de uno de los condenados con el círculo político que encabezaba el exintendente de Comodoro Néstor Di Pierro, y algunos de sus entonces funcionarios municipales.

La causa, que se conoce bajo la denominación de “Apadrinados” por la sospecha que sobrevoló desde el inicio en torno a una supuesta protección política con la que contaba la banda, alcanzó ribetes escandalosos luego de que se incorporaran al expediente escuchas telefónicas registradas en el marco de la investigación, previo a la detención de los sospechosos.

Hubo allanamientos en el municipio y en el Concejo Deliberante de Comodoro.
Hubo allanamientos en el municipio y en el Concejo Deliberante de Comodoro.

Estos registros derivaron en otra causa que investiga el supuesto lavado de activos, todavía sin imputados, y que ya suma 50 cuerpos. La misma está en manos de la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme y provocó en sus inicios allanamientos en el municipio y el propio Concejo Deliberante de Comodoro.

El Tribunal Oral Federal de Comodoro integrado por los jueces Enrique Guanziroli, Pedro de Diego y Nora Cabrera de Monella alertaron hace ya cinco años en una sentencia sobre la íntima vinculación de los narcos con círculos políticos, basados en los audios de intervenciones telefónicas que derivaron en las posteriores detenciones.

En aquel entonces, un fallo condenó por comercio de estupefacientes a varios integrantes de una banda de narcotráfico.

Según el voto del presidente del tribunal, Pedro De Diego, “no puedo dejar de mencionar la preocupación que me causa el fácil acceso que algunos de los condenados en esta causa tienen a estamentos políticos y gremiales”.

El juez hizo referencia a las escuchas que apuntaban a uno de los condenados, “Cabezón” Morales, que “actuaba en función del amiguismo político, con tanta impunidad que hasta el momento de su detención, su propia familia y él pensaron en que ese amiguismo podría facilitar las cosas con la juez a cargo de la investigación, por su vinculación con Néstor Di Pierro”.

Según el juez, así se puede “desprender de la llamada 16 CD 17, entre el hijo de Morales y su madre: “mi papá es re amigo del Tano (sobrenombre de Di Pierro) y el Tano tiene una línea con la jueza. Y bueno, ahí no se. Vamos a ver si zafa”.

Aunque en el expediente no hubo pruebas que involucren a algún dirigente político en el tráfico de estupefacientes, “la historia reciente de los países donde el comercio de drogas ha desatado situaciones de violencia mayúscula, muestra que así se comienza el corto camino hacia múltiples hechos de sangre estrechamente relacionados con los estupefacientes”, consideró el juez.

De Diego aclaró que este vínculo de política y droga “también lo escuché de un individuo en una causa que estamos tramitando en la ciudad de Rawson”, en referencia al juicio por la causa “Valle Blanco”, en cuyas audiencias se escucharon testimonios de imputados que revelaron su relación con funcionarios.

Los jueces del Tribunal Oral Federal pidieron entonces investigar las conexiones de políticos de la banda, paso que deberá dar la Fiscalía en los siguientes meses. “El Ministerio Público Fiscal tiene acceso a las grabaciones que obran en la causa y quedan a disposición para lo que estime menester, si algo puede hacerse dos años después de que fueron captadas”, pidió De Diego.

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