Emergencia climática en Comodoro: el tribunal definirá el 4 de diciembre si confirma o modifica las condenas contra ex funcionarios y empresarios
Concluyó este viernes la audiencia de impugnación, en la que las defensas de los 10 imputados impugnaron las condensa en contra de sus representados.
El abogado Fabián Gabalachis, defensor del empresario Roberto Monasterolo, aseguró en su caso apunta a la absolución de su representado, a partir de irregularidades del proceso que expresaron ante el tribunal revisor.
“Vamos a estar expectantes a ver si nos dan la razón, en un todo o parcialmente, para mejorar la situación de nuestros asistidos -expresó Gabalachis, en diálogo con Actualidad 2.0-. En el caso de mi asistido, buscamos la absolución o si el tribunal no lo concede, una reducción de la pena, que había sido de 5 años de prisión, para reducirla a menos de 3, para evitar que vaya a prisión”.
El abogado reiteró además que se cuestionó el cálculo de la defraudación que realizó el tribunal de juicio, al establecer ese monto en 408.000 dólares, “sin pericias ni control de nuestra parte”.
Gabalachis ponderó además la actitud de los jueces que integran el tribunal de revisión, integrado por Mónica García, Daniel Pintos y Martín Montenovo.
“Nosotros hemos observado una serie de regularidades en el juicio y las pusimos de manifiesto ante este tribunal, que ha sido sumamente respetuoso”, valoró. Por eso se le consultó si hubo diferencias con el tribunal de juicio, integrado por los jueces Mariano Nicosia, Carlos Tedesco y Martín Cosmaro.
“No es que el anterior tribunal no haya sido respetuoso, pero había una apariencia de mayor formalidad, se respiraba un clima un tanto sacramental en los dos meses de juicio y en esta audiencia (que empezó el miércoles y terminó el viernes) ha sido más acorde a lo que estamos acostumbrados a diario, siempre manteniendo las formas por supuesto. Esto no significa que ninguno de los dos haya hecho las cosas mal”, aclaró.
EL FISCAL PIDIÓ LA RATIFICACIÓN DE LA SENTENCIA EN TODOS SUS TÉRMINOS
Por su parte, el fiscal Cristian Olazábal pidió en la última jornada de la audiencia la confirmación de la sentencia en todos sus términos, para la totalidad de los imputados.
“Que un fallo se adverso, no quiere decir que sea arbitrario -dijo el fiscal-. Los agravios (planteados por los defensores) no son más que una diferencia de criterio con el tribunal de primera instancia”.
El fiscal refutó los planteos vinculados a la extemporaneidad y también el cuestionamiento sobre el monto de la defraudación:
“No había que acudir a expertos porque eran simples sumas matemáticas, los montos estaban determinados en la acusación fiscal y no se puede subestimar el sentido común de los jueces -planteó el fiscal, según se informó desde el área de prensa del MPF-. No hubo violación a ninguna garantía Constitucional”.
Hay que recordar que Abel Boyero, ex secretario de Infraestructura, fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; Rubén Palomeque, ex secretario de Servicios Públicos, recibió una sentencia de 4 años de prisión, además de la inhabilitación para volver a ser funcionario. En ambos casos, por el delito de defraudación al municipio.
Junto a ellos, fueron condenados los inspectores municipales Joaquín Mansilla, con la pena de 3 años y 8 meses de prisión; para Sartori y Juan Carlos Lara, 3 años de prisión en suspenso; y Eduardo Van Heerden, a 2 años de prisión en suspenso. En todos los casos, se suma la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Entre los empresarios, además de Monasterolo (5 años de prisión y devolución de 116.523 dólares) fueron condenados en primera instancia Javier Morales, con la pena de de 3 años y 8 meses y el pago de 69.927 dólares; Hernán Lobos Rosas, con 3 años y 3 meses de prisión y la devolución 125.645 dólares; y Cristian Pérez, con 3 años y 6 meses de prisión, más la restitución al municipio de 40.422 dólares.
El 4 de diciembre, el tribunal de revisión definirá si mantiene las sentencias, si las modifica o las anula total o parcialmente, de acuerdo con los argumentos expuestos por las defensas de cada imputado.