RAWSON (ADNSUR) - Los fiscales del juicio por la emergencia climática en Comodoro se opusieron al pedido de suspensión de juicio a prueba en donde además varios imputados ofrecieron reparar el daño cometido. Para el fiscal Rodríguez, los defensores buscan que la causa prescriba. Los abogados se oponen a la realización del debate porque consideran que no están dadas las condiciones sanitarias por el COVID 19.

Los ofrecimientos se realizaron antes del inicio del debate, debido a las restricciones sanitarias y la gran cantidad de imputados, defensores y operadores judiciales presentes en la sala 2 de la Oficina Judicial.

“Si bien los imputados tienen derechos, también tiene derecho la sociedad por saber lo ocurrido”, dijo entre otros argumentos el fiscal general Omar Rodríguez, quien destacó además el tipo de delito que se trata, relacionado con fondos públicos y la situación de emergencia climática que sufría la ciudad de Comodoro Rivadavia, oportunidad aprovechada para cometer los ilícitos.

El jefe de la Unidad Anticorrupción fue duro con las posturas de los defensores y expresó que si bien “respetaba” sus trabajos en la causa de la emergencia climática, todos buscan posponer el debate como parte de “una estrategia para que no se realice el juicio oral y público, que la causa prescriba y quede impune”. 

Para el fiscal Axel Williams, las circunstancias en que se ejecutaron los ilícitos fueron “especialísimas y de suma gravedad. No es lo mismo defraudar al Estado en una circunstancia de normalidad, que en una situación de emergencia”, manifestó, y además destacó postulados de las Naciones Unidas en donde se imparte la necesidad de ser severos respecto de los delitos de corrupción.

La primera solicitud fue del defensor de la imputada Marta Fracasso, que le vendió colchones, frazadas y toallas a la provincia, destinadas para los afectados de manera más grave por esa situación de emergencia climática. Por el delito que se sospecha cometió, le cabe una pena de entre dos y cuatro años de prisión.

El defensor Omar López dijo que la mujer a la que asiste está en condiciones de pagar 600.000 pesos en dos cuotas a manera de reparación. Hizo alusión a su situación personal, a jurisprudencia existente y a leyes de Bangkok, Tokio y Londres relacionadas con la cuestión de género, pedido especial que sea tenido en cuenta por el Tribunal. 

El defensor Damián D’Antonio pidió lo mismo para su asistida Cecilia Sabada, que ofreció 54.000 pesos por un solo ilícito por la que fue investigada y Fabián Gabalachis por su cliente Estanislao Finiguerra ofreció colchones por el plazo de tres años para entregar a hospitales públicos.

Por su parte, el defensor Abdo Mayauik quien asistió a dos imputados, también solicitó la suspensión de juicio a prueba y ofreció una reparación de 300 mil pesos por cada uno de sus defendidos, pagados en seis cuotas de cien mil pesos.

El tribunal integrado por los jueces Miguel Caviglia, Fabio Monti y Jorge Novarino, el próximo jueves 15 de abril a las 9 h dará a conocer la resolución de todos los planteos previos realizados por los defensores. 

Imputados

En la causa están imputados Diego Correa y Diego Luters, la ex ministra de Familia, Leticia Huichaqueo; los ex funcionarios de esa cartera, Marcelo Suárez y Cristian Orsi, además de Vanina Barale. También están imputados quienes aparecían como proveedores del Estado, Estanislao Finiguerra, Marta Fracasso, Taurelli Chiribao Bruno Paolo, Williams Guillermo Adrian, Cecilia Sabada y César Hughes.