COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este miércoles se realizó en la oficina judicial de Comodoro la audiencia de apertura de investigación en el marco de la causa de la Emergencia Climática que afectó a Comodoro en marzo de 2017.  La causa investiga a 13 empresarios, funcionarios y ex funcionarios de la Municipalidad local por presuntas maniobras de fraude al Estado. Allí la jueza Mariel Suárez hizo lugar al pedido del fiscal de un año de investigación para los imputados. 

De acuerdo a lo precisado por el fiscal de la causa, Héctor Iturrioz, habrían existido diversas falsificaciones de documentos públicos, que, en el contexto de la Emergencia declarada por el Concejo Deliberante, permitieron que se facturasen al Municipio horas de más de trabajo, tareas que no se hicieron y se hizo figurar a máquinas que, de hecho, nunca estuvieron en Comodoro.
“Los medios para defraudar al Estado fueron varios y bastante diversos”, explicó el fiscal, quien agregó que “la defraudación va en el orden de los 11 millones de pesos pero recién se comenzó con la investigación –remarcando que- hasta el momento se relevaron 20 empresas y son 197 las que teóricamente intervinieron”.

La investigación da cuenta de al menos 25 hechos donde los expedientes exponen las maniobras fraudulentas que se habrían llevado adelante para sobrefacturar servicios cumplidos y también el pago de algunos que no se llevaron adelante, sumado a falsificación de documentación y otros. 

Por los delitos caratulados provisoriamente como fraude a la administración pública y falsedad ideológica de documento público iban a ser imputados este miércoles el secretario de Servicios a la Comunidad, Rubén Sartori y los supervisores, Joaquín Mansilla, Juan Lara, Eduardo Van Heerden y Ernesto Herk. También los exfuncionarios de la comuna, Abel Boyero, exsecretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos y el extitular de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque, además del actual secretario de Economía, Finanzas y Control de Gestión del Municipio, Germán Issa Pfister.

Mientras tanto, bajo la carátula de fraude al Estado iba a imputarse a los empresarios Roberto Monasterolo de Golfo San Jorge S.A., Gonzalo y Cristian Pérez, de Brothers Truck; Javier Morales de Patagonia Expeditions y Esteban Astiz, de la empresa Astoil.

Issa Pfister aclaró en ese marco que estaba “subrogando a Abel Boyero en la Secretaría de Obras Públicas. Toda la información se recopilaba en la Secretaría de Servicios a la Comunidad y era enviada a la calle Moreno, donde yo ejercía mi función. Esta documentación venía certificada y aprobada por un área específicamente abocada al tema, con un secretario que merece el mayor de los respetos de cada una de las personas que lo conocen; formó parte de los dos gabinetes y fue un funcionario intachable y creo que eso también me daba la confianza. Hasta ese momento en que llegaba la documentación no teníamos intervención alguna. Esa información era volcada a un parte consolidado que luego acompañaba yo con la firma, que ya recibía firmado por la empresa, por Rubén y con un sello de certificado aprobado con la firma del secretario de Servicios a la Comunidad”, resumió. 

Reiteró que “no hay una persona que vaya a decir algo contrario. Esa confianza hacía que yo acompañe con la firma el parte consolidado como la factura. Yo sabía también cómo es el trámite de un expediente de este tipo. La etapa que sigue es enviarlo a la secretaría de Economía, se enviaba al área de Contaduría que tenía como función crear el expediente contable; hacían un chequeo de que estén los requisitos y este expediente contable era enviado al Tribunal de Cuentas Municipal, órgano de fiscalización y control”. 

“En el caso puntual de la emergencia decidimos que todos los expedientes pasen por el Tribunal de Cuentas, de $100 en adelante. Fue una decisión mía por la importancia de lo que estaba pasando”, agregó Issa Pfister. “Recibí muchas quejas de los proveedores”, recordó.