Aunque toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en la acusación que involucra actos de corrupción cometidos en plena catástrofe climática de Comodoro Rivadavia se conjugan elementos que llevan a una ligera variación de ese principio constitucional, sin vulnerarlo: todo funcionario público sospechado de un hecho tan grave debería probar su inocencia a la luz del cotejo de pruebas, en lugar de apelar a tecnicismos y fallas del sistema. Aquí, 3 claves para entender por qué el proceso, que tiene 12 imputados entre ex funcionarios públicos y comerciantes, podría quedar sin aclararse ante la sociedad.

1) El vencimiento de los plazos razonables. La cuestión del plazo razonable está prevista por el Código Procesal de la provincia de Chubut, que otorga un lapso de 3 años para concluir una investigación. Los fiscales del caso, Omar Rodríguez y Alex Williams, no pidieron al inicio del proceso la declaración de “causa compleja”, lo que hubiera permitido extender el plazo hasta 5 años. Cuando lo hicieron, el 23 de junio último, los jueces del caso lo rechazaron. En la práctica, esto implica que el juicio debería concluir en diciembre próximo, obteniendo, en caso de una sentencia condenatoria, al menos la doble conformidad por un tribunal de alzada.

El tribunal está integrado por los jueces Miguel Caviglia, Jorge Novarino y Favio Monti. ¿Hubo una falla en los fiscales, al no pedir la ampliación de los plazos al inicio del proceso? ¿Erraron los jueces, al no permitir la posibilidad de que la sociedad cuente con un mayor plazo para saber qué pasó durante la catástrofe climática de Comodoro? En el juicio se acusa a ex funcionarios y comerciantes por fraguar ventas, elaborando facturas por bienes no entregados y otras irregularidades, por un monto de 20 millones de pesos.

¿Es razonable no extender el plazo, considerando que la investigación comenzó en el año 2018 y en 2020 gran parte de la actividad judicial quedó suspendida por la pandemia y los conflictos gremiales, por atrasos salariales? Si el juicio logra hacerse y llegar a fin de año con una sentencia firme, quizás todos estos interrogantes dejarán de tener sentido. De lo contrario, seguirán abiertos en forma indefinida.

2) Estrategias dilatorias de la defensa. El juicio oral y público, que debe desarrollarse contra reloj, comenzó este lunes. Sin embargo, previo al inicio hubo un planteo de la defensa de dos de los imputados, para plantear el sobreseimiento de Diego Correa y Franco Finiguerra. El primero ya fue condenado, además, por liderar una asociación ilícita que operaba en la Casa de Gobierno, en la causa conocida como ‘Embrujo’, además de la conocida como ‘Revelación’, por circuitos de corrupción en la obra pública.

Lo llamativo del caso, según planteó este martes el fiscal Alex Williams, consultado para este informe, es que el tribunal requirió de dos días (hasta mañana, miércoles 4 de agosto) para deliberar qué resolverán.

En la visión del fiscal, el mismo tribunal ya se expidió en base a una norma aprobada por la Legislatura, ante un pedido del Superior Tribunal de Justicia, para conceder una prórroga de 6 meses a los procesos que estuvieran en curso, frente a los problemas que hubo el año pasado. La defensa apunta a señalar que al iniciarse el proceso de investigación el 27 de junio de 2018, los 3 años legales para la investigación ya se cumplieron en la misma fecha de este año. Sin embargo, cuando el tribunal rechazó la declaración de proceso complejo, fijó también la fecha de inicio de juicio para el 25 de julio último, por lo que tácitamente estaba aceptando que el proceso se encuentra dentro de los plazos razonables, al menos hasta fin de año.

El problema es que éste no sería el único planteo. Otros siete defensores, anticipó el fiscal, harán planteos similares, por lo que si el tribunal se toma dos días para resolver cada uno, claramente el mes de agosto se consumirá en su mayor parte sin que se avance en el juicio propiamente dicho, en el que hay un total de 240 testigos y un gran cúmulo de pruebas.

Además de los nombrados, los otros 10 imputados son: Diego Lüters (también condenado en el ‘Embrujo’ y ‘Revelación’), Leticia Huichaqueo (ex ministra de Familia, actualmente enjuiciada también en la causa ‘Royal Canning’), Cristian Orsi, Marcelo Suárez, Vanina Barale, Bruno Taurelli Chiribao, Cecilia Sabada, Marta Fracasso, César Hughes y Guillermo Williams.

3) Los hechos que deben juzgarse. “Cuando sucedió la emergencia climática que le toco vivir a Comodoro, que fue una tragedia, a nuestro criterio un grupo de personas en ese mismo instante pergeñaron una maquinaria para hacerse del dinero público, que en realidad estaba destinado a asistir a los vecinos y de Comodoro y de otros lugares, porque se extendió el temporal –reseñó Williams-. Y eso tiene a nuestro criterio, con el Dr. Rodríguez (el otro fiscal del caso) una gravedad inusitada, porque quienes deberían haberse abocado a usar ese dinero para ayudar a la gente que sufría, probablemente en muchos casos la peor tragedia de su vida, de perder todo en un rato por una tormenta, estas personas estaban viendo cómo se quedaban con ese dinero. Y de hecho lo hicieron”.

El primer decreto de emergencia fue por 20 millones de pesos (con ampliaciones posteriores), lo que habilitaba compras directas. La hipótesis de los fiscales es que en la mayoría de los hechos hubo ventas simuladas: es decir, se hacían facturas, pero sin entrega de la mercadería.

“Hay un proveedor de Puerto Madryn que vendió miles de colchones a la provincia, por 3 millones, pero nunca entregó ninguno –describió Williams, a modo de ejemplo-. Y una regalería de Trelew, dedicada a rurbros empresariales, que facturó por 300 colchones, que son elementos que no tenía a disposición. Y la factura tiene fecha de un día anterior a la tormenta –enfatizó-, la cobraron en el marco de la emergencia declarada después”.

El fiscal insistió en la necesidad de que el juicio comience a desarrollarse para poder presentar el cúmulo de pruebas sobre estos hechos, “es lo que nos urge para el control que debe hacer de nuestro trabajo la sociedad a la que representamos”, manifestó el acusador público.

También diferenció la situación de comerciantes que aceptaron participar de la maniobra y se dividieron el dinero mal cobrado con los funcionarios, de otros que fueron coaccionados a elaborar las facturas falsas, bajo la amenaza de que nunca más cobrarían la deuda que el Estado provincial tenía con ellos.

“Queremos que expongan todos estos testimonios en el juicio oral y público”, insistió Williams.

Quedan poco más de 3 meses por delante para intentar hacer el juicio, obtener una sentencia y la revisión de al menos una Cámara de Apelaciones para confirmarla. Parece poco tiempo, en un terreno en el que resulta tan sencillo dilatar el proceso y dejarlos caer por vencimiento de plazos. También el Superior Tribunal de Justicia tiene pendiente de expedirse sobre el planteo de los fiscales, que han insistido en la obtención de otros dos años.

Las cuestiones técnico legales seguramente podrán justificar las decisiones adoptadas y a tomar en las próximas semanas. El sentido común, tan evidente como el barro que destruyó la vida cientos de familias comodorenses, no.